Los diputados de Morena no pasaron la prueba de la deliberación democrática. En vez de buscar una arena favorable a sus afanes críticos y reformadores del régimen político, que se ha vuelto una de sus divisas más socorridas, quisieron convertir la presencia de Lorenzo Córdova en un juicio sumario del presidente del Consejo General del INE, así como del conjunto del sistema político que se ha conformado gracias al pluralismo electoral y la presencia de los partidos en los órganos colegiados representativos del Estado y los varios ordenes de gobierno.
Que esta República no sea satisfactoria para quienes buscan un orden republicano democrático propiamente dicho no hay duda, la penuria fiscal de la Federación y los estados que la conforman es ejemplo cotidiano de que el Estado carece de los medios mínimos necesarios para ofrecer seguridad a ciudadanos y comunidades, así como formas aceptables de procurar y administrar justicia.
No es necesario acudir a un ejercicio comparado con otras formas estatales: no podríamos presumir que el sistema político y el régimen que sostiene son modernos, tampoco que gracias a la democracia realmente existente vamos en la dirección de contar pronto con un Estado constitucional y democrático. No es así y por lo que se observa en la arena nacional, no será ni sencillo ni pronto.
Estas alusiones a algunos de los temas candentes que angustian a la opinión pública sirven para ilustrar la existencia de una problemática que debería haberse repasado con el estudioso abogado Córdova quien, por cierto, dio pruebas de entereza intelectual, probidad política y eficacia en el ejercicio público. Lo que no se puede decir de sus inquisidores, dominados por afanes majaderos y exhibicionistas mostrados hasta el cansancio.
Y sin embargo se mueve, diría aquel ocurrente sabio. México tiene y tendrá elecciones libres y solventes, aunque los partidos políticos, actores por excelencia del juego democrático-electoral, se mantengan militantemente en una corrosiva abstención en materia de discurso y propuesta política. En esos ámbitos, las voces que priman niegan su origen y reniegan de sus deberes como entidades de interés público, definidos así por la Constitución y sus leyes.
Regodearse con la incapacidad del quehacer político por excelencia, que es la construcción de acuerdos y consensos de diverso calado y ambición, está llevando al sistema político mexicano a un autismo autodestructivo del que pueden emanar espectros como los que recorren partes de Europa y asolan buena parte de la región latinoamericana. No podemos, no debemos, permitir elecciones sin democracia ni demócratas, usufructuadas por fantoches dictatoriales, como ocurre en Nicaragua.
De aquí la relevancia del ejercicio crítico, la conservación y la defensa de las normas y criterios elementales y fundacionales, forjados en la transición y confirmados en estas primeras décadas del nuevo milenio. Reformar no deformar, transformar (re)construyendo no demoliendo organismos y relaciones, como parecen quererlo las huestes de Morena en la Cámara de Diputados.
La semana pasada asistimos a una presentación política singular y alentadora, nada menos que en el Colegio de México y con la activa participación de su presidenta, del rector de la UNAM y otros destacados representantes de las universidades mexicanas, privadas y públicas. Ahí, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, coordinado por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presentó el fruto de sus encomiendas y ofreció al país un volumen robusto y bien armado de propuestas para llevar adelante la tarea fundamental de la época: reformar al Estado desde sus bases orgánicas y constitutivas fundamentales y acometer la misión crucial de una transición hacendaria que haga de la justicia distributiva una realidad sustentada en la progresividad del sistema fiscal.
Tarea que requiere de compromisos efectivos: partidos, academia, empresarios, medios de información y comunicación. Fortalecer a la nación dando sustento racional y progresivo a un Estado cuya democratización ha quedado trunca al omitir su intervención en la economía, la justicia fiscal y tributaria, la atención permanente y creciente de las carencias y penurias que aquejan a la mayoría.
Combinar legitimidad con eficacia del Estado ha sido siempre un desafío. No es objetivo sencillo, menos cuando ambas tareas resienten la labor de zapa de demócratas sedicentes, quienes se engolosinan de ensueños revolucionarios que lindan con el autoritarismo más silvestre. Entonces, el orden democrático corre el peligro de encallar en los arrecifes a donde lo llevan timoneles sin conciencia ni compromiso con la democracia que, para navegar necesita rumbo, orden, racionalidad. Nada de esto ofrecieron los diputados de Morena en la comparecencia de Lorenzo Córdova.