Si “la gran hazaña” de Andrés Manuel López Obrador –según la presidenta Claudia Sheinbaum– fue separar el poder político del poder económico, la de ella debería ser separar el poder político del poder criminal.
Esa sería la gran proeza de la mandataria porque el evidente vínculo política-delito hoy atenta contra el trípode de la nación: la soberanía, la democracia y el Estado de derecho. Acometer una gesta de esa talla, aún con sus costos y sacrificios, sí permitiría pensar en el segundo piso de la transformación de un régimen.
No hacerlo, aparte de implicar una “responsabilidad eterna” –como dice la jefa del Ejecutivo–, obligaría a pensar en dos cuestiones. Pese a la concentración de poder, la presidencia de la República muestra debilidad, falta de visión y carencia de equipo para un lance de ese calado y, en tal condición, su función se reduce a administrar un proyecto con ruta, recursos y destino inciertos.
Al haber agotado el primer tercio del sexenio sin definirse ante ese asunto de Estado, urge tomar una decisión y asumir las consecuencias. Pero seguir en el escarceo, el titubeo, la marcha y contramarcha, el discurso sin práctica política sólo internará al gobierno en una calle ciega, sino es que en un callejón.
Presumir un cambio de régimen sin tocar la corrupción y el crimen organizado es una ilusión. Ambas actividades golpean el corazón de cualquier gran cambio, al punto de anularlo. El tiempo apremia.
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Los entrecomillados del parágrafo anterior no son producto de la imaginación. Provienen del dicho de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
No en este, en el anterior informe de gobierno, la mandataria dijo: “Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del Presidente López Obrador, que no solo separó el poder político del poder económico, sino que, con un nuevo proyecto de justicia social, sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas.”
Por si ello no bastara, ahora en la presentación del segundo informe de gobierno (página 13 de la versión íntegra de aquel, no en el discurso con motivo de él), la mandataria asienta:
“Se ha logrado un cambio de régimen político, separando el poder económico del poder político; se ha establecido un gobierno al servicio del pueblo, combatiendo la corrupción y estableciendo la austeridad republicana; y se ha creado un estado de bienestar en beneficio de la mayoría de los mexicanos.”
En cuanto a “la responsabilidad eterna”, la idea es de la jefa del Ejecutivo. La expresó en su tweet del sábado 22 de agosto y, desde luego, aplica a quienes alude, pero también a ella. Tras señalar que ningún interés personal puede estar por encima del interés nacional, afirma: “los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”.
Si la separación de la política y la economía era prerrequisito para replantear el modelo de desarrollo, la separación de la política y el delito es precondición para cambiar el sistema político. El problema de no dar ese otro paso pone en peligro el primero y expone hacia dentro y hacia fuera la soberanía, darlo exige afrontar fuertes sacudimientos y asumir un firme compromiso con la democracia y el Estado de derecho.
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Si bien es cierto que el vínculo política-delito data de hace tiempo e involucra a actores del conjunto de la clase dirigente, con Morena en el poder se dio una diferencia.
Con el partido guinda, clanes políticos y cárteles delincuenciales llevaron su asociación mucho más allá de la frontera que ya habían cruzado: pasaron a ser operadores electorales, árbitros políticos y patrocinadores de candidatos de los cuales, ya instalados en el gobierno, derivaron pingües y turbios negocios. Esa veta se explotó a través del reparto de posiciones administrativas estratégicas y transas con de obras y servicios públicos o mediante el influyentismo para, bajo el manto de la impunidad y la tolerancia, saquear recursos nacionales o defraudar al fisco. Pasaron de la sociedad encubierta a la complicidad abierta en los negocios políticos o económicos compartidos.
En tal circunstancia, el reconocible giro dado por la actual administración en el combate al crimen está entrampado: no puede llegar hasta donde tiene que ir, siendo que cada vez es más notorio el vínculo política y delito. Tal limitación terminará por corroer la actuación de las fuerzas armadas porque, dentro del país, causará la impresión de formar parte del entramado siniestro y porque, fuera del país, fortalecerá la exigencia entregar no sólo capos criminales sino también socios políticos, colocándolas en un apuro.
Si no se separa el poder político del poder criminal se va a tambalear la otra separación y el cambio de régimen quedará como un sueño irrealizable.
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La proeza de separar –por no decir, romper la liga– política y delito reclama, como toda hazaña, enorme decisión, arrojo y humildad, además de operar cambios en la política hacia dentro y hacia fuera del movimiento que sostiene, pero también retiene a la mandataria, así como revisar varias de las reformas y políticas emprendidas y cuyo efecto agrava la situación de emergencia en la que el gobierno y el país se encuentran. Exige apartarse de estrategias de confrontación para plantear alianzas políticas con factores y actores con los que ni la palabra se quiere cruzar.
Puede la mandataria, desde luego, resolver no intentar su propia hazaña y limitar su Presidencia a la administración de un proyecto cuya suerte, en la circunstancia, está por verse. Puede. Ello, sin embargo, insta a apartarse del discurso flamígero de la defensa de la soberanía porque, ante esta, han ganado terreno el crimen y espacio el gobierno de Estados Unidos y, hasta donde se sabe, exhortos y arengas no son un escudo.