No es infrecuente que quien –por la vía del voto– ocupa la Presidencia, de pronto, no tenga plena claridad de cómo y por qué alcanzó esa posición. Y, en la duda, acicateada por la convicción, sumisión, coacción o adulación de los interesados en participar e influir en el destino de su gobierno, el mandatario pierda noción del límite y el horizonte del mandato, así como del poder recibido.
Hoy, el titubeo presidencial ante la inquietante embestida del gobierno estadounidense para que México rompa el vínculo política-delito, entregue a los asociados, y se pliegue a su dictado, so pena de intervenir directamente si no se actúa, llama a revisar justamente la condición del poder presidencial, así como su margen de maniobra.
Pese al vértigo de los acontecimientos, importa la pausa porque la vacilación está haciendo perder autoridad a la mandataria y poniendo en duda la divisa original de su gestión: continuidad con cambio y sello propio.
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Por los motivos que fuere, en junio de 2023, Claudia Sheinbaum resolvió participar el concurso morenista por la candidatura presidencial para el actual sexenio.
Pese a presentarlo como una novedad, ese ejercicio revestía el sesgo de una tradición disfrazada, pero sobre todo de un entrampamiento de quien finalmente abanderara la llamada cuarta transformación. La misma denominación de “corcholatas” a los concursantes designados por Andrés Manuel López Obrador, perfilaba que alguien debería “destapar” la botella del poder en suerte. Esa o ese abanderado, por lo demás, estaría acotado por el acuerdo de integrar a los competidores derrotados en posiciones de mando y poder, estrechando y complicando el margen de maniobra de quien encabezara el Poder Ejecutivo. Certamen barnizado con el levantamiento de una encuesta que matizaba la intervención del antecesor en el juego sucesorio.
En esa complicada condición y en el marco de una criminalidad cada vez más penetrante en la política, Claudia Sheinbaum aceptó y asumió el poder presidencial con límites, cuñas, apuros, pendientes, iniciativas y compromisos políticos, económicos, financieros y legislativos. Desde entonces, se dio por sentado que, sin romper por coincidir con el antecesor y por no contar con el liderazgo sobre el movimiento que la apoya y agobia, la presidenta Sheinbaum se hallaba ante un desafío: guardar un complejo equilibrio y ensanchar el margen de maniobra de su gestión si, en verdad, quería dar continuidad con cambio al proyecto lopezobradorista y estampar su propio sello.
Fue notorio el esfuerzo presidencial por rectificar desatinos de la administración anterior, impulsar iniciativas legislativas pendientes, asumir con estoicismo el déficit presupuestal heredado, modificar sin irritar políticas y proyectos mal concebidos e intentar atraer la inversión privada, sin que los guardianes del santo legado leyeran en ello un desvío.
No había, pues, sorpresa alguna en la condición y asunción el poder presidencial.
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Cuando Claudia Sheinbaum se alzó con el triunfo electoral y el gobierno y el movimiento aseguraron una mayoría parlamentaria calificada, la victoria de Donald Trump no aparecía en el horizonte.
Mil y un problemas –judiciales, políticos e, incluso, de popularidad– alejaban la posibilidad de ver al megalómano en la Casa Blanca. Empero, su capacidad de convertir problemas en oportunidades (hasta la foto de su ficha policial utilizó para promoverse) y los increíbles errores de los demócratas, trastocaron los vaticinios. Así, si desde 2017 perfiló el carácter y tono de la relación con México; en 2025 Trump radicalizó y endureció la postura en migración, comercio y seguridad. La clasificación de los cárteles criminales como grupos terroristas advirtió que ya no se veía a México como socio ni aliado, sino como un problema de seguridad nacional.
La presión exterior y la tensión interior planteaban a la ya presidenta Sheinbaum un serio problema y una gran oportunidad. Y, al principio, la mandataria interpretó bien el signo de los tiempos. El giro en la política de seguridad fue elocuente, la decapitación de los cárteles del narcotráfico y el envío de capos a Estados Unidos atendían al reclamo externo y al clamor interno. Sin embargo, esa determinación no fue hasta donde tenía que llegar, se frenó cuando involucraba a cuadros políticos de talla. Llegó al enjambre, no a la colmena y Trump con la parvada de halcones subió la vara de la exigencia: capos y asociados.
En ese esquema, la reciente solicitud estadounidense de detener y extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por vínculos con el crimen junto con otros los involucrados descuadró a la mandataria. Pese a la importancia y urgencia de romper esa asociación, el sacrificio de correligionarios de talla que, por lo demás, podrían generar un efecto en cadena desapareció del horizonte presidencial. Vino el titubeo y la contradicción en el discurso, causando la impresión de buscar refugio ya no en la continuidad, sino el continuismo.
Tarde que temprano será obligado tomar una decisión porque defender la soberanía tiene por precondición rescatarla. Y, en ese lapso, el tic-tac del reloj resuena como una bomba de tiempo que urge desactivar, asumiendo inexorables costos y sacrificios, pero dando al país la oportunidad de no hallarse ante el peligro de verse arrastrado por la política de avasallamiento del vecino.
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A la presidenta Claudia Sheinbaum le estalló un problema larvado desde hace mucho por la ineptitud y la ambición de la clase dirigente, desinteresada en fijar una frontera entre política y delito. La mandataria tiene que optar entre continuidad y continuismo y es mejor hacerlo más temprano que tarde. En ello, va de por medio su sello.