Este 2022 se cumplen 35 años de la publicación del a veces un poco olvidado informe Our Common Future, también conocido como el ‘Informe Bruntland’ en honor a quien presidía en 1987 la comisión que se encargó de elaborarlo, la ex primera ministra de Noruega, Gro Harlem Bruntland, en el cual por vez primera se definió el concepto de desarrollo sostenible, como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro de satisfacer las suyas.
A partir de él, muchas corrientes han surgido, que han derivado en acuerdos, tratados o normas, pero siempre prevaleciendo el interés que inspiró esa definición, que consiste en lograr un balance indestructible entre el progreso económico, la preservación de los recursos naturales y la armónica convivencia social.
Actualmente, y aplicado al mundo de los negocios, se utilizan las siglas ESG como una evaluación de la conciencia colectiva que tiene una empresa ante los factores sociales y medioambientales en un entorno de gobernanza corporativa. Es una especie de calificación obtenida de la medición de indicadores específicos, relacionados con los activos intangibles de la empresa, siendo éstos los valores y las preocupaciones que incorporan al proceso de toma de decisiones de inversión, en lugar de simple y únicamente los beneficios económicos potenciales hacia el futuro.
Y yo digo que no solamente en las empresas, sino en el ámbito público, es precisamente este tipo de consideraciones las que habría que tener en cuenta al momento de tomar decisiones de inversión en infraestructura pública de todo tipo, pero especialmente aquella que sirve para generar competitividad como pilar indiscutible del desarrollo.
Pero, ¿está preparado el mundo para alcanzar este ideal? ¿Lo está nuestro amado México? ¿Se trata de un modelo posible de alcanzar?
Está claro para todos que la inversión en infraestructura es la base para la generación de riqueza con bienestar y prosperidad, pero es muy difícil equilibrar su rentabilidad financiera con una preservación absoluta de los recursos naturales, al mismo tiempo que su proceso de detección, planeación, construcción y operación se resuelve bajo estándares estrictos de gobernanza.
Las sociedades de todo el mundo ya avanzan con paso firme hacia ese objetivo, la lucha contra el cambio climático es una prioridad que se apoya en el avance de tecnologías de generación de energía eléctrica limpia y renovable, la movilidad eléctrica y el desarrollo de energéticos limpios para la industria pesada.
Socialmente, se imponen reglas de convivencia que privilegian la armonía entre todos los seres humanos, en un marco de respeto, justicia y equidad.
Continúa la búsqueda de beneficios económicos, pero ahora entran en la ecuación otros factores para determinar la viabilidad de un proyecto.
Los constructores, de la mano de todas las partes interesadas en el desarrollo de la infraestructura pública, estamos empeñados en encontrar el modo de garantizar que un auténtico modelo sostenible es perfectamente posible, y que vamos a alcanzarlo a como dé lugar.
Raúl Asís Monforte González
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