La posibilidad de pagar desde un celular parece, a primera vista, una discusión sobre tecnología y modernización financiera. Sin embargo, detrás de la sustitución del efectivo también hay una transformación profunda en la forma en la que se relacionan los ciudadanos, los bancos y el Estado. Cada operación que pasa a una plataforma digital genera información que puede facilitar el acceso beneficios del sistema financiero, como el crédito, pero también puede ampliar la capacidad de supervisar la actividad económica de quien la realiza.
En ese contexto llega la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que busca promover estos medios de pago y facilitar la contratación digital de servicios financieros mediante mecanismos como la CURP Digital. También plantea pagos interoperables, terminales digitales y códigos QR. Todo esto con la promesa de que cualquier persona pueda cobrar y mover dinero sin depender del efectivo ni de un banco, cerrando de cierta forma la brecha en el acceso al sistema financiero.
Hasta ahí, la idea suena no sólo razonable, sino necesaria. México necesita bajar el costo de mover dinero, incorporar a quienes siguen fuera de la banca y reducir la vulnerabilidad de una economía que todavía se transporta en sobres, cajas registradoras y bolsas de plástico. En un país como México en el que cerca del 85% de los pagos menores a 500 pesos se realizan en efectivo, estos cambios permitirían que pequeños comercios y trabajadores independientes construyan un historial financiero con las oportunidades que ello implica.
Sin embargo, esa posibilidad no equivale a una garantía libre de repercusiones. Y es precisamente en la distancia entre ambas en donde debería concentrarse buena parte de la discusión. Para profundizar en las ventajas y repercusiones, existe una amplia gama de ejemplos internacionales a los que México podría voltear a ver.
El caso de Brasil, por ejemplo, resulta particularmente útil. Pix, creado por su banco central y puesto en operación en 2020, permite realizar pagos y transferencias en segundos entre distintas instituciones. Su diseño ofrece una infraestructura común sobre la cual pueden operar diversos proveedores, en lugar de obligar a los usuarios a depender de una sola plataforma.
México cuenta con SPEI y CoDi, sistemas que el propio gobierno plantea aprovechar para esta nueva etapa de digitalización. Lo relevante para México será el papel que puede desempeñar el Estado al establecer condiciones para que bancos y plataformas se conecten y compitan. Una infraestructura compartida puede reducir las barreras para participar, pero su utilidad depende de que pagar y cobrar resulte suficientemente sencillo.
Aunado a esto, el problema aparece cuando se cuestiona qué ocurrirá con el rastro que dejan esos pagos. Conforme se amplía el uso de estos sistemas, también crece la información disponible sobre las personas. Pese a que la iniciativa no otorga, en el papel, nuevas facultades al SAT, una transferencia de dinero equivale a información, más aún si está vinculada a la CURP o a un código QR.
Para el Estado, una economía con más transacciones registradas ofrece ventajas evidentes en materia de fiscalización y combate al lavado de dinero. Para las instituciones financieras, permite conocer mejor a sus clientes y evaluar riesgos. Para el ciudadano, los beneficios dependerán de cómo se utilice esa información y de qué herramientas tenga para defenderse cuando exista un error o un abuso.
Regresando al caso brasileño, apenas el pasado 24 de septiembre, las autoridades brasileñas anunciaron una operación en la que identificaron movimientos por 100 millones de reales que habrían pasado en pocos minutos por cuentas de empresas dentro de fintechs como parte de un presunto esquema de lavado relacionado con la adquisición de una distribuidora de combustibles. El análisis permitió reconstruir una ruta que los involucrados habrían intentado ocultar mediante distintas estructuras financieras.
El episodio es relevante para México, pues evidencia cómo la información financiera puede ser fundamental para investigar al crimen organizado, pero la legitimidad de ese propósito no resuelve por sí sola las preguntas sobre los límites de su uso. Dado que estas herramientas amplían la capacidad del Estado, su implementación debe acompañarse de controles y mecanismos de defensa. Combatir operaciones ilícitas y proteger la privacidad exige instituciones capaces de distinguir entre una conducta sospechosa y la actividad cotidiana de millones de personas. Si México puede construirlas o no, está por verse.
Finalmente, la posibilidad de extender este tipo de operaciones plantea la pregunta de hasta dónde llega la inclusión cuando lo que se incorpora al sistema es el movimiento del dinero, pero no necesariamente la protección de quien lo genera. La información ayuda a hacer visible una actividad económica, pero no sustituye las políticas necesarias para mejorar sus condiciones.
Kenia ofrece una lección más compleja que un simple caso de éxito. M-Pesa, su sistema de dinero móvil, mostró que digitalizar pagos sí puede producir efectos reales: una investigación estimó que su expansión sacó de la pobreza a cerca de 194 mil hogares y fortaleció la capacidad de las familias para enfrentar emergencias sin reducir su consumo.
Pero el mismo caso demuestra por qué la inclusión financiera no puede medirse sólo por el número de cuentas o transacciones. El acceso a pagos digitales no resolvió las brechas de protección social para trabajadores informales y, con el tiempo, el historial de pagos se volvió la base de préstamos digitales caros, de registros negativos de crédito para bloquear a pequeños comerciantes del acceso a financiamiento formal, mientras tasas de interés muy elevadas empujaron a usuarios vulnerables a incumplimientos y a una exclusión todavía mayor.
La digitalización del dinero puede representar un avance importante para México, siempre que sus beneficios alcancen también a quienes entregarán más información sobre su vida económica. El Estado podrá conocer mejor sus ingresos y los bancos tendrán más elementos para evaluar su actividad. Falta asegurar que esa mayor visibilidad se traduzca en mejores servicios, financiamiento y protección. De lo contrario, habremos ampliado la capacidad de integrar a la ciudadanía al sistema financiero sin ampliar, en la misma medida, sus oportunidades.
