Dice la sabiduría popular que ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón. Quizás en ese dicho se basó la administración de Donald Trump para justificar el pacto que acaba de anunciar con Venezuela. Sin tapujos, asegura concesiones de 100 años para desarrollar 17 campos con reservas probadas de unos 65 mil millones de barriles. Es decir, asegura control sobre el petróleo de otra nación sin reparos en su soberanía.
Pese que no se han hecho públicos los detalles del acuerdo, el otorgamiento de dichas concesiones por parte de autoridades venezolanas vendría a cambio de lo que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, describe como un mecanismo soberano que traería inversiones y recursos al país sudamericano. Sin embargo, según la información difundida, el Departamento de Guerra de Estados Unidos recibiría 35% de participación en la matriz corporativa, mientras el Departamento de Estado tendría derecho a comprar 20% de la producción a costo y tendría prioridad sobre el 80% restante.
La apuesta es de largo alcance y está alineada con distintas prioridades para Estados Unidos. La más evidente es lograr abastecerse de crudo barato y cercano en un momento en el que la crisis en el Estrecho de Ormuz ha demostrado que la soberanía energética es uno de los activos más importantes en medio del conflicto. También se alinea a su visión hemisférica, por un lado, contrarrestando la influencia china y rusa en Venezuela y, por otro, capitalizando su presencia y capacidad de presión en el Caribe. Pero quizás lo más trascendental es esta arquitectura política que propone, en donde un país externo construye un andamiaje en el que el capital privado opera como vehículo de influencia estatal.
La naturaleza de la operación lo deja en evidencia, pues no es un acuerdo que opere únicamente entre gobiernos. Se trata de un modelo híbrido en donde se emplea a NABEP, una empresa privada venezolana, de la cual Washington obtendría una participación accionaria estatal, derechos sobre la producción y prioridad de compra. Esto dista diametralmente de la idea que plantea Caracas al hablar de una soberanía formal y una recuperación económica. Prueba de ello es que el gobierno de Estados Unidos tendrá poder de veto en el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva de NABEP y la mayoría deberán ser estadounidenses.
El 2 de enero de este año, cuando se fraguó la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro, las calles venezolanas se inundaron de un clima festivo, con la esperanza de que este evento significaría el inicio de un largo camino de vuelta a la democracia. Pero los meses han pasado y son los restos del régimen madurista los que sostienen al aparato estatal operado por Estados Unidos. Es evidente que, contrario a la política estadounidense que se mantuvo durante años hacia Caracas en donde se abogó por elecciones libres, derechos humanos y la restauración democrática, los planes de Trump no se alinean con este propósito. Por el contrario, es posible que las exigencias de un modelo democrático que ofrezca ciertas garantías podrían eventualmente venir más bien del sector privado.
Las petroleras han tenido un renovado interés en obtener una rebanada del pastel que se está preparando. De hecho, al siguiente día del anuncio del pacto, Chevron anunció que buscaría operar dos grandes yacimientos en la región del Orinoco, elevando su producción en el país y acordó invertir más de 7 mil millones de dólares durante los próximos cinco años. Sin embargo, si lo que pretende el gobierno de Trump es atraer la inversión y recuperar la industria energética venezolana a su favor, se necesitará de cierta institucionalidad, reglas claras, protección jurídica y certidumbre.
Si bien hay empresas estadounidenses que llevan operando en Venezuela desde hace más de 100 años y han sobrevivido a turbulencias políticas conviviendo con regímenes autoritarios, el sector privado siempre buscará que su negocio y sus inversiones sean protegidas. No importa la relación (o presión) que mantenga el presidente con las empresas interesadas, es poco viable que se comprometan a grandes inversiones a largo plazo si no existen las condiciones que aseguren su capital mediante un régimen capaz de garantizar acuerdos sectoriales y el respaldo de Washington, en este caso.
El acuerdo asegura que los derechos de desarrollo puedan extenderse por 100 años. Si bien este plazo sobrevive a gobiernos, partidos, crisis y cambios que vengan, la realidad es que en dos años el gobierno de Trump habrá terminado y aún quedan muchas dudas sobre qué pasará con el gobierno venezolano y, por ende, con los compromisos que dichas empresas adquieran.
Por lo pronto, diversos críticos locales han señalado que el acuerdo legitima a un gobierno no electo, mientras la administración estadounidense ha desplazado a María Corina Machado y a todo tipo de oposición. En un momento en el que Delcy Rodríguez ha dado el 20% del patrimonio nacional a cambio de una promesa de inversión cuyo alcance real aún no se conoce, Venezuela corre el riesgo de descubrir que el petróleo volvió antes que la democracia. Cuando un ladrón le roba a otro, quizá encuentre cien años de perdón; pero cuando el botín es el petróleo de un país, quienes terminan pagando la condena son los venezolanos que siguen esperando recuperar su democracia.
