La ruptura de las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos puede significar para México la apertura de una oportunidad única, el adelanto de un futuro similar o el inicio de un camino aún más empedrado. En medio de meses de incertidumbre y un proceso complejo de negociación, lo ocurrido entre nuestros vecinos del norte deja claro que nuestro país está en una aparente tregua sin garantías.
Las condiciones que impuso Washington, y que a Canadá le parecieron inaceptables, ponen ciertas luces sobre lo que podría venir para México. Más allá de rechazar un mal acuerdo comercial, Canadá estableció líneas rojas que tocaban su cultura, su política interna y su capacidad de alianzas con otros países.
Entre las exigencias estadounidenses, le solicitaron al país eliminar el requisito de etiquetado bilingüe, en inglés y francés, a productos que ingresen al mercado canadiense. Esta peculiar solicitud buscaba, en teoría, evitar barreras para empresas estadounidenses. En sentido opuesto, para Ottawa esto representaba un atentado contra su propia identidad nacional sin que existiera una justificación comercial real de fondo. Además, esto tocaba un punto crítico de la política interna, con serias consecuencias para el primer ministro Mark Carney y la estabilidad de su gobierno.
Aceptar que Washington impusiera estas protecciones le hubiera dado armas al Bloc Québecéois y a los nacionalistas para decir que el gobierno Federal estaba dispuesto a negociar la identidad francófona a cambio de una tregua comercial, llevando la pugna al terreno electoral y poniendo en jaque el balance que mantiene a Carney en el poder.
La otra condición es aún más relevante para México. Estados Unidos habría buscado restringir la capacidad de Canadá para celebrar acuerdos comerciales con terceros países. Si bien los términos precisos no se difundieron públicamente, el propósito político es inequívoco, con Washington buscando delimitar el espacio en el que sus socios pueden diversificar sus alianzas.
Llama la atención la doble exigencia, pues el T-MEC ya contiene un artículo en el que explícitamente permite a los socios abandonar el acuerdo trilateral si alguno firma un tratado de libre comercio con una economía considerada “no de mercado”. No hace falta que el texto mencione a China para entender a quién estaba dirigido. Esto sugiere que la rennovada presión busca también evitar que sus socios diseñen rutas de diversificación comercial o política que reduzcan su dependencia de Estados Unidos.
Esto adquiere especial relevancia en un momento en el que Canadá se ha apegado a una estrategia para intentar depender menos comercialmente de Estados Unidos haciéndole un guiño a China, desde la llegada de Carney al gobierno y con el inicio de la guerra arancelaria. Y, por su parte, coloca a México frente a una disyuntiva más incómoda que la canadiense. México no está buscando un tratado de libre comercio con China, pero importa crecientemente insumos chinos y ha recibido inversiones chinas en sectores que Washington considera estratégicos, como autos, acero, electrónica, baterías y manufactura. Para Estados Unidos, el temor sigue siendo que México se convierta en una plataforma para que productos, capital y componentes chinos entren a Norteamérica con acceso preferencial. Sin duda esto será un punto de presión en las negociaciones bilaterales.
Canadá pudo convertir las exigencias de Washington en una línea roja en defensa de su soberanía, pero México difícilmente podrá decir “hasta aquí” si arrastra expedientes que permiten a Estados Unidos ampliar la discusión comercial hacia la seguridad, la política interna o su relación con China.
Es aquí donde el caso de Rubén Rocha Moya vuelve a cobrar relevancia como una muestra del tipo de vulnerabilidades con las que México llega a la mesa. Las acusaciones estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa y el resto de los políticos y ex funcionarios sinaloenses aunado a la presión política alrededor de la órden de detención con fines de extradición que no se ha materializado ponen el dedo sobre la llaga del principal argumento de Estados Unidos: que el Estado mexicano no tiene control de la seguridad, que el narco gobierna en gran parte del territorio del país, que un gran número de políticos están directamente relacionados con el crimen organizado y, por ende, las medidas que proponga Estados Unidos al respecto serán la barrera mínima para lograr una negociación exitosa.
¿Qué pasará entonces cuando Washington ponga sobre la mesa esas líneas rojas? De esta respuesta dependerá el futuro comercial del país y el devenir de la principal relación bilateral que mantiene. Aún está por verse si el tercero en discordia termina siendo, también, el tercero en ceder.
