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Las Fuerzas Armadas han insistido en la necesidad de contar con un marco legal que sustente las labores que, desde hace más de una década, han venido realizando en materia de seguridad. Después de diez años de acciones militares sin asidero normativo, el reclamo resulta comprensible. La incertidumbre jurídica genera inseguridad jurídica, lo cual es inquietante para cualquiera. La razón es simple: el ejercicio de la coacción es el acto que requiere mayor justificación y soporte legal en los estados constitucionales. Sin fundamento jurídico, la fuerza pública es violencia pura y dura y, en cuanto tal, en su momento puede ser sancionada.
Así que la preocupación de los militares tiene explicación, asidero y sentido.
Sin embargo, aunque no adolezca de justificación, el reclamo al gobierno y a los legisladores debe atenderse con una visión sistemática. La aprobación de una Ley de Seguridad Interior debe formar parte de un paquete de reformas que coloque a la procuración civil de justicia en el centro de la ecuación. Sólo así será posible colmar la laguna legal
–así decimos los abogados cuando hace falta emitir una ley– y, al mismo tiempo, atender al imperativo de enfrentar a la criminalidad con autoridades civiles que permitan el paulatino repliegue de las tropas a sus cuarteles.
Dado que ese debe ser el objetivo porque es la única ruta compatible con la consolidación de un modelo democrático y constitucional en el país, la procuración civil de justicia debe ir primero. Lo mismo vale para las reformas que permitan contar con un modelo policial capaz de operar con las nuevas instituciones que se creen. Sin policías capacitadas y honestas no habrá seguridad ni justicia en México.
En estos días ha circulado un proyecto de Ley de Seguridad Interior que ha generado rechazo por parte de diversas organizaciones sociales. A mi juicio, el rechazo se justifica sobre todo porque se trata de una iniciativa que no aborda el núcleo del problema. De aprobarse serviría para prolongar un estado de cosas incompatibles con nuestras obligaciones internacionales y con el modelo de Estado al que decimos aspirar. De hecho, consolidaría la tendencia a desatender el fortalecimiento de las instituciones civiles para privilegiar la estrategia militar. Es decir, nos metería más en el túnel del que decimos querer salir. Además lo haría trastocando el equilibrio entre poderes, diluyendo los controles legislativos y trampeando la realidad. Comienzo por esto último.
Dice el artículo 18 del proyecto: "En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública". El artículo no señala que las Fuerzas Armadas no podrán realizar acciones que en los hechos correspondan a eso que llamamos seguridad pública, sino que las acciones que realicen –sean éstas las que sean– no se considerarán como tales. La trampa retórica es ingeniosa, pero es trampa. Lo que debe importar no es cómo calificamos las acciones, sino que las Fuerzas Armadas no realicen actos que deben corresponder a las autoridades civiles. Y lo cierto es que hoy están realizando tareas de seguridad pública. Ese es el problema que debemos resolver y no es una cuestión de definiciones.
Por lo que hace al desequilibrio entre los poderes, la propuesta inclina la balanza en favor del Poder Ejecutivo federal. No sólo señala que su titular podrá ordenar por sí solo la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior (art. 11) sino que también lo faculta –previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional– para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (art. 12). Con ello se lesiona al federalismo y se evaden los controles legislativos que, por ejemplo, establece el artículo 29 constitucional para los casos de restricción o suspensión al ejercicio de los derechos y de sus garantías.
La cuestión es de la máxima relevancia porque el proyecto de ley no especifica cuáles son las acciones concretas que podrían realizarse al amparo de esa declaratoria, lo cual generaría un nuevo tipo de inseguridades e incertidumbres.
No niego que sea necesario un nuevo marco jurídico para atender los problemas de seguridad en el país. Pero debe ser un marco coherente y completo y, sobre todo, congruente con los principios e instituciones que hacen a la democracia posible.
Correo: opinion@elfinanciero.com.mx
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