Opinión

Quien paga, manda

15 noviembre 2017 5:0
 
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Lavado de dinero.

¿Cuánto tiempo tarda en hacerse una ley? Podemos suponer que existen variables que inciden en las posibles respuestas a esta interrogante. La extensión del documento, su complejidad técnica, su maduración política, sus implicaciones prácticas. Concedamos que legislar pueda tomar su tiempo. Pero más de una década para redactar y aprobar una legislación –no sé qué opinen los lectores– parece demasiado.

En 2007 y luego en 2014 se estableció en la Constitución que el Congreso de la Unión tiene la obligación de legislar en materia de gasto público en comunicación social. El mandato es preciso y tenía fechas perentorias. Sin embargo, hasta ahora, los legisladores han hecho caso omiso de ese imperativo constitucional expreso. Para decirlo sin ambages, el Poder Legislativo mexicano ha violado la Constitución con descaro y sin consecuencias.

La legislación es necesaria porque, según datos obtenidos por diversas organizaciones respetables, el gasto de dinero público destinado a la publicidad oficial en los más diversos medios de comunicación, sólo este año, rondó a nivel nacional los 10 mil millones de pesos. Ese dinero se erogó en opacidad campante y, en muchos casos, lejos de estar orientado para informar a la ciudadanía, se utiliza para promover la imagen personal de los funcionarios públicos en todo el país. La estrategia propagandística ha llegado a ser, por decir lo menos, indignante. Un gobernador, por ejemplo, difundió su informe de gobierno en las salas de cine de otras entidades federativas y no lo hizo en las salas de la entidad que gobernaba. Otros plagaron el país con espectaculares adornados con su fotografía. Lo vimos todos.

Ante esta situación una organización civil, Artículo 19, decidió ampararse. Acudió primero ante un juez y le pidió que reconociera su interés legítimo para reclamar a los legisladores que cumplieran con su mandato constitucional y emitieran la ley ausente. Su alegato nos interesa a todos: sin esa ley el gasto público en publicidad oficial es arbitrario, discrecional y opaco. Además, esa forma de transferir dinero público a los medios de comunicación afecta a la libertad de expresión (“yo no pago para que me peguen”, decía López Portillo), trastoca el quehacer periodístico y vulnera nuestro derecho a la información. Si los medios viven del dinero público son blanco fácil de presiones, exigencias y censuras.

El juez de la causa bateó el asunto, básicamente, con dos argumentos. Primero, adujo que el tema era electoral y el amparo no procede en la materia. Además sostuvo que los efectos de una sentencia de amparo sólo podían beneficiar a quien lo promueve y, en este caso, si se otorgaba la protección de la justicia los efectos alcanzarían a muchas otras personas. El formalismo que destila la sentencia es tan extremo como pernicioso. Por eso, la ONG Artículo 19, acudió a la Suprema Corte. A partir del día de hoy, la ministra y los ministros de la Primera Sala discutirán el proyecto de sentencia elaborado por el juez constitucional Arturo Zaldívar.

El proyecto propone darle entrada al asunto –porque se trata de una cuestión que va mucho más allá del tema electoral y porque, dada su transcendencia y relevancia, si se acredita el interés de la organización denunciante– y otorgar el amparo. La razón es que la inacción del Congreso de la Unión materializa una “omisión legislativa absoluta” porque existe un mandato constitucional expreso que obliga a legislar. De aprobarse la sentencia, la SCJN no le dictaría al legislador el contenido de la ley en la materia, pero sí lo conminaría a que emita un legislación que respete los criterios que ya están en la Constitución de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” en el gasto público en comunicación social.

Así las cosas, la SCJN tiene una oportunidad histórica para contribuir a romper un contubernio entre actores políticos y medios de comunicación, que constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión. Los medios dependen del dinero público –de hecho podemos suponer que algunos prefieren que la legislación no exista– y eso, de una o de otra manera, condiciona su línea editorial. Lo que necesitamos –dice el proyecto– “son reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno”. Eso es precisamente lo que los legisladores no han aprobado y lo que la SCJN podría obligarlos a aprobar. Ojalá.

Correo: opinion@elfinanciero.com.mx

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