Me encuentro entre quienes piensan que las decisiones políticas del gobierno nacional para continuar con las obras del Tren Maya son una amenaza al Estado de Derecho. De hecho, pienso que la determinación de considerar la obra de “seguridad nacional” es ilegal e inconstitucional. No tiene asidero alguno en la Ley de Seguridad Nacional vigente y contradice a la Constitución. Lo hace con el propósito preciso de evadir obligaciones constitucionales en materia de transparencia y de control jurisdiccional. A este gobierno le estorba el derecho y ha mostrado no tener reparos en violarlo. Las tensiones institucionales que ello genera con órganos de garantía como el INAI y, sobre todo, con el Poder Judicial son intensas. Por eso las consecuencias políticas de esa estrategia inhiben la consolidación de una democracia constitucional en México pero, sobre todo, como ya he afirmado, socavan los principios de legalidad y de imparcialidad que distinguen al Estado de Derecho.
Estos dos principios son simples e importantes. El primero impone que las autoridades –todas sin excepción– requieren de una norma que las faculte para poder actuar. Cualquier acción sin ese sustento es un acto arbitrario que debe invalidarse y, en su caso, incluso sancionarse. A ese principio de legalidad lo complementa el segundo llamado de imparcialidad. Este conlleva la existencia de personas juzgadoras independientes del gobierno y del Poder Legislativo. Esa separación es la condición sine qua non para garantizar el respeto a la legalidad. Por eso decimos que las personas juezas son órganos de control de los actos de los órganos políticos. La crisis se presenta cuando estos últimos intentan saltarse las trancas desacatando las decisiones judiciales. Esto es lo que ha estado pasando con el polémico tramo 5 del Tren Maya.
En estos días, supongo que consciente del trabuco jurídico en el que están metidos, un diputado del Grupo Parlamentario del partido en el gobierno Morena, ha presentado una iniciativa de reforma a la recién reformada Ley de Amparo. En concreto a su artículo 15 con la finalidad de que los actos de autoridad en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo no sean objeto de suspensión judicial. La propuesta es incluir los siguientes dos párrafos al final de esa disposición:
“Los actos de los poderes, órganos y entidades públicas en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no serán objeto de suspensión.
La autoridad judicial al resolver sobre el fondo de la demanda se ocupará de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, si fuera el caso, y lo remitiera a la autoridad jurisdiccional competente para su ejecución.”
Lo que se pretende es dar la vuelta al derecho vigente reformándolo. Por eso intitulé este artículo como lo hice. El derecho debe ser un dique ante el poder y debe servir para acotarlo, limitarlo y orientarlo. Esa es su función en un Estado constitucional. Pero, paradójicamente, el poder puede encontrar la puerta para superar al derecho sin violentarlo. Esa parece ser la nueva estrategia del grupo gobernante en nuestro país. Como no les gusta la ley, después de calibrar las consecuencias potenciales de seguir ignorándola, proponen reformarla. Lo grave y lo preocupante es que tienen los votos en el Congreso de la Unión para lograrlo. Otra discusión –sobre la que no me pronuncio ahora porque aún es solo una iniciativa– es si la eventual reforma legal sería o no constitucional.
He dicho que es grave y es preocupante. Grave porque, en los hechos, lo que buscan es desampararnos de la protección judicial ante potenciales abusos por parte del Poder Ejecutivo en áreas amplias y ambiguas. Las afectaciones a derechos humanos, ambientales y patrimoniales pueden ser ingentes. Dado que los jueces no podrían suspenderlas, esos daños podrían ser irreversibles. Por eso es preocupante: porque nos quieren dejar a merced del poder político sin los medios jurídicos de protección y defensa.