La guerra entre Estados Unidos e Irán parece haberse convertido en un laberinto sin salida. Cada vez que hay una posibilidad de tregua, un nuevo ataque, una represalia o una provocación, regresa a ambas partes al punto original de partida.
El resultado es un conflicto empantanado que amenaza con prolongarse durante años —o al menos hasta que Donald Trump deje la Casa Blanca— y que, lejos de tener una solución política, profundiza la inestabilidad de una de las regiones más estratégicas del planeta.
Los hechos de los últimos días son más que claros. Ni siquiera se había cumplido un mes del acuerdo de cese el fuego alcanzado el 18 de junio, cuando Washington volvió a bombardear objetivos iraníes en represalia por ataques contra embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz.
Según el Pentágono, más de 80 instalaciones militares fueron alcanzadas, incluidas defensas aéreas, radares costeros y capacidades misilísticas de las Guardias Revolucionarias. Teherán respondió con drones y misiles dirigidos contra bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait.
¿Cómo se llegó a este punto? La respuesta está en la naturaleza misma del régimen iraní. Tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, el país de casi 95 millones de habitantes quedó atrapado en una lucha interna entre quienes buscan una negociación con Occidente y los sectores más radicales de las Guardias Revolucionarias Islámicas.
Estas últimas se han consolidado como el verdadero poder detrás del poder, controlando amplias áreas de la economía, la seguridad y la política exterior.
El problema es que las Guardias Revolucionarias necesitan el conflicto para justificar su existencia y así poder preservar todos sus privilegios. Su influencia es tan grande que incluso el presidente Masoud Pezeshkian y el canciller Abbas Araghchi fueron agredidos físicamente por extremistas durante los funerales de Jamenei por el simple y sencillo hecho de que están abiertos a una salida diplomática.
A ello se suma una realidad que rara vez aparece en los análisis occidentales. El 85 por ciento de la población iraní rechaza al régimen, el cual ha masacrado y hay más de 50 mil personas asesinadas tan sólo en enero. Diversos estudios y encuestas realizadas por organizaciones independientes muestran niveles históricos de descontento social desde las protestas masivas de 2022.
La represión ha sido brutal. Organizaciones de derechos humanos documentan miles de detenciones arbitrarias y cientos de ejecuciones cada año. Tan sólo en enero pasado fueron asesinadas 50 mil disidentes. El régimen se sostiene menos por consenso popular que por la fuerza de sus aparatos de seguridad.
Sin embargo, quienes esperan un colapso inminente de la República Islámica podrían llevarse una decepción. La experiencia de Afganistán, Irak y Siria demuestra que tirar gobiernos es mucho más fácil que construir instituciones estables. La injerencia extranjera suele producir vacíos de poder que terminan siendo ocupados por actores aún más radicales.
Por eso la estrategia de Donald Trump enfrenta una contradicción fundamental. Washington busca contener a Irán sin embarcarse en una invasión terrestre. Pero los ataques aéreos, las sanciones económicas y la presión diplomática difícilmente modificarán el comportamiento de una élite que considera la confrontación una cuestión de supervivencia.
Mientras tanto, el Estrecho de Ormuz continúa siendo una bomba de tiempo. Por esa vía marítima transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Cada incidente provoca nerviosismo en los mercados energéticos y amenaza con afectar la economía global.
Estados Unidos no quiere otra guerra interminable en Medio Oriente. Irán no puede derrotar militarmente a la superpotencia, pero sí puede infligir suficientes costos para prolongar el enfrentamiento.
No estamos ante una guerra destinada a resolverse pronto, sino ante un conflicto interminable donde cada actor tiene capacidad para bloquear la victoria del otro, pero ninguno posee los medios para alcanzar una paz duradera.
No se ve hasta dónde, hasta cuándo y cómo. Quizá Donald Trump y sus asesores no midieron las consecuencias y riesgos de lo que hoy se ha convertido, probablemente, en su talón de Aquiles.
SOTTO VOCE
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, impulsa acciones para ordenar el transporte público concesionado en el Centro Histórico de la capital con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad y mejores condiciones a la población.
Al reafirmar su compromiso con la educación, el gobernador Salomón Jara anunció un incremento a la aportación estatal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que pasará de 185 millones de pesos a 442 millones de pesos, lo que representa un incremento del 208 por ciento.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, inauguró las instalaciones de la Cuarta Coordinación de Batallón del Mando Especial de la Guardia Nacional Acapulco y de la Unidad Habitacional de la Guardia Nacional Playa Diamante. La mandataria reconoció la colaboración y vocación de servicio de la institución.
En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez inició el mes de julio con varias actividades y recorriendo diversos municipios para atender emergencias, entregar infraestructura, acercar servicios a la población y encabezar acciones en favor del bienestar animal. La gobernadora da seguimiento a obras estratégicas y atiende directamente a la población.
