Después de una de las semanas más difíciles de la presidenta Claudia Sheinbaum, la justicia en México decidió apresar a una de las supuestas piezas clave dentro del complejo ajedrez de corrupción en México. La captura de Ernesto Ruffo regresó a la palestra pública y mediática uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de México, destapado en el sexenio de López Obrador, el “huachicol fiscal”.
No obstante, mientras las imágenes esposado de Ruffo Appel corrían como pólvora entre la opinión pública, al mismo tiempo se abrían muchos signos de interrogación por los múltiples expedientes pendientes en los tinteros de las instituciones que imparten justicia en México. Muchos concluyeron que éstas estaban amañadas, juegan bajo el reloj político a favor del partido en el poder y que los jueces y ministros del acordeón actúan bajo consigna.
Por ejemplo, no se ha llegado a fondo en casos como el Segalmex, donde sus cabezas siguen libres e impunes. También sigue cojo el escándalo que significó la alianza entre el grupo Tabasco con el grupo criminal La Barredora. No se digan las ramificaciones interminables de los casos del huachicol fiscal que encabezó el misteriosamente fallecido Sergio Carmona. Y así podríamos ampliar una lista insaciable de morenistas involucrados en decenas de casos sin investigar o bajo expedientes inoperantes.
La semana del 13 al 17 de julio fue una semana extremadamente complicada para la presidenta Claudia Sheinbaum; los escándalos contra morenistas se acumulaban como hierba mala en la pradera. Todo empezó por las fieras críticas ante la vergonzosa e ineficiente entrega del piloto que llevó a El Mayo Zambada a la justicia estadounidense.
Después siguieron los audios que evidenciaron que la gobernadora morenista, Marina del Pilar, negociaba con el FBI información a cambio de impunidad. Al mismo tiempo, desató un episodio más de pleitos al interior de la 4T, cuando se cruzaron nuevamente acusaciones entre Jaime Bonilla y la misma Marina del Pilar.
Mientras todo eso ocurría, un nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico en el sureste mexicano reflejaba el lastre de las ineficaces magnas obras construidas el sexenio pasado que comprometen las arcas del Estado mexicano. En este contexto, recordemos que la justicia por víctimas mortales por el anterior descarrilamiento quedó en entredicho al culpar sólo a los maquinistas, sin repercusiones para los aliados constructores, ingenieros y quienes decidieron trazar mal una ruta mortal.
Por si fuera poco, también la semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le lavó los pies al Ejército, al exculparlo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su subordinación al Ejecutivo es tan evidente que sus principios ya no tienen credibilidad ni confianza. Su titular, Rosario Piedra Ibarra, pasará a la historia como una de las peores titulares de una de las instituciones que tiene como obligación defender a la sociedad mexicana frente al Estado y fortalecer la democracia, algo que dejó de hacer desde hace tiempo.
También fueron manifiestas las renuncias de altos funcionarios al interior de la FGR, primero por el siempre oscuro Ulises Lara, exfiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y exvocero, y después la de Óscar Langlet González, extitular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Y es que en una fiscalía que trabaja a modo, todo lo que suceda al interior sugiere dudas extrañas.
También la semana pasada fue muy violenta en estados gobernados por morenistas: el jueves murió el periodista Josué Martínez, director de “Noticias San Martín Texmelucan” en Puebla, mientras siguen los ecos del asesinato de la periodista Roxana Guzmán, en Veracruz. El martes 14 balearon a la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada. Su esposo murió en esa balacera mientras su hija fue hospitalizada. El lunes 13 asesinaron a Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, en Oaxaca.
No sólo eso, el sábado en Zacatecas fueron asesinadas 10 personas de manera simultánea en diversos municipios, lo que significa una clara afrenta al gobierno morenista que encabeza David Monreal Ávila y retrata la profunda descomposición social que se vive en el estado.
Por si fuera poco, fue liberado el pasado miércoles el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y amigo personal de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras pagar una multa de 20 mil pesos. Él golpeaba y violentaba sistemáticamente a su esposa hasta que un video lo delató. Sin esa prueba que se hizo viral, seguramente seguiría impune, protegido por sus aliados y amigos.
Todos esos casos los traía la presidenta en unas mañaneras que le resultaban asfixiantes, hasta que le llegó su tanque de oxígeno: primero la detención de Ruffo Appel tras la solicitud de captura de una FGR a modo, y después su asistencia a la final del Mundial tras el ya célebre: “Claudia, ¿vas a venir?”, que le sentenció el presidente Donald Trump. No obstante, la realidad es implacable y, mientras la justicia no sea imparcial y plena, no habrá cortinas de humo que tapen la podredumbre.