No es asunto menor lo que está sucediendo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México ante el extravío de su función, objetivos, autonomía, y al mismo tiempo aumentar sus recomendaciones y criterios a favor del Estado, y no de las víctimas o de la sociedad mexicana en su conjunto.
Son un reflejo de lo que sucede con la anulación de otras instituciones en México, y compromete el buen desarrollo de la democracia. Desde hace 8 años, los contrapesos han sido cooptados y controlados por el poder en turno para beneficiar un proyecto político e ideológico.
En el caso de la protección a los derechos humanos en nuestro país, nos enfrentamos a uno de los episodios más lamentables después de la última recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, violando flagrantemente la progresividad, que es “obligación del Estado asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Prohibición de cualquier retroceso. El Estado debe proveer las condiciones óptimas de disfrute y no disminuir ese nivel logrado.”
En su recomendación No. 208VG/2026, sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos en contra de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, sugiere todo lo contrario.
Las críticas no se hicieron esperar. Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación por la actuación de la CNDH al afirmar que, “en lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación del Estado”.
Lamenta que “deslegitime el trabajo de instancias internacionales como el GIEI, así como de organizaciones de la sociedad civil que, durante años, han acompañado a las familias en su incansable búsqueda de verdad, justicia y reparación”. En este contexto, Ángela María Buitrago, exintegrante del GIEI, cuestionó a la CNDH al afirmar que contiene vacíos, contradicciones y afirmaciones falsas.
Pero, sobre todo, AI subraya su preocupación respecto a que se “deslinde de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al sostener que no existen evidencias que acrediten su participación, pese a que existen al menos 17 elementos militares vinculados a proceso y a los obstáculos que la propia institución ha impuesto para el esclarecimiento de los hechos mediante la falta de transparencia y la negativa a entregar información”.
Concluye que “esta resolución debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia en uno de los casos más graves y emblemáticos de desaparición forzada en México”. No tiene desperdicio.
Bajo esta inercia, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó parcialmente y explicó que el Ejecutivo no participó en la elaboración de dicha “recomendación”, asegurando que desconocía la fecha en que sería publicada. Instruyó a la Secretaría de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe para presentar una opinión propia, aunque es previsible el sentido de su conclusión: exonerar a la Sedena.
Es evidente la protección al Ejército con argumentos refutables, una inercia que se concretó desde que gobernó López Obrador. No obstante, la responsabilidad del Ejército en el expediente Ayotzinapa es la piedra angular para esclarecer ese episodio que forma parte de los más oscuros dentro de la historia reciente de México.
Hoy día, en el gobierno de Claudia Sheinbaum continúa la patología que se ha intensificado con la defensa de la CNDH a las Fuerzas Armadas, no sólo ante el escrutinio del caso Ayotzinapa, sino al seguir fortaleciendo su presencia en la vida pública de México en áreas que deberían corresponder a entes civiles.
Los familiares de las víctimas no cederán. Y es que han sido tan burdos los argumentos de la CNDH como el de plantear que “otra narrativa del GIEI que se ha difundido sensacionalmente, sin prueba alguna, tiene que ver con la relación que ellos establecen entre los hechos y los supuestos ‘infiltrados’ de la DEFENSA en la Normal de Ayotzinapa” (recomendación 1043, pág. 766), que inmediatamente Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43 normalistas, rechazó el informe, y recordó que la Sedena aún no entrega 853 folios de información, útiles para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Se viven horas bajas en cuanto a la defensa de nuestros derechos humanos. De seguir este camino, los conflictos sociales se incrementarán, y tarde o temprano el rechazo a la parcialidad del gobierno federal y su obsesivo afán por controlar al Estado mexicano les cobrará factura en los próximos procesos electorales.