Es reconfortante sentir que la sociedad mexicana defienda los contrapesos y autonomía de los poderes del Estado mexicano y aquellas instituciones que son cruciales para alimentar la democracia en México.
Independientemente del oportunismo político, que en época electoral aflora vulgarmente, por ejemplo, cuando la oposición a falta de ideas se cuelga de cualquier manifestación contraria al gobierno; o bien, cuando los fieles del oficialismo no asumen autocríticas, la sociedad sigue purificando la esencia de la democracia.
Lo cierto es que el Poder Judicial no debe ser vulnerado de la forma en que el gobierno en turno lo busca alterar, insultar o mangonear (ni por otros poderes del Estado mexicano), y que, bajo consignas político-ideológicas, pero también financieras, buscan despojarlo de su credibilidad… y de sus fideicomisos.
Cada vez queda más claro que los fideicomisos no son para favorecer a los ministros, como se empeña el presidente López Obrador, hacer creer a la sociedad; al contrario, son esquemas financieros que generan protección al sistema judicial para beneficio de sus trabajadores y de su infraestructura. Paradójicamente, el presidente los usa en el Ejército, y otras instancias de gobierno; lo que ocurre es que, ante los reveses a sus estrategias, provenientes desde ese poder, se ha empeñado en desacreditarlo sistemáticamente.
No ha funcionado su lógica de introducir incondicionales y leales en las diversas instituciones mexicanas para defender su movimiento. Ya lo había intentado hacer de forma muy parecida en el Instituto Nacional Electoral, y tampoco le funcionó, recordemos aquella marcha que llenó el Zócalo.
En ese entonces, criticaba a los consejeros bajo los mismos argumentos que atiza ahora contra los ministros: salarios altos, favorecer a los conservadores, y ser proclives de la corrupción. Pero dejó de criticarlo, hasta que impuso a una de sus favoritas como consejera presidenta del INE, y a unos cuantos más.
Respecto al Poder Judicial, ha sobresalido el caso del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien marchó el domingo pasado contra la eliminación de los fideicomisos, lo que le valió una fuerte reprimenda del mandatario mexicano el lunes pasado en su mañanera.
Lo interesante del asunto, es que el mismo López Obrador fue quien propuso a González Alcántara para ministro, suponiendo que iba a adoptar a pie juntillas sus designios, como sí lo han hecho otras ministras propuestas también por el presidente. Su jugada de imponer incondicionales para que actúen por encima de la ley, no le ha funcionado.
López Obrador aún no asume que, en una democracia, los criterios del presidente no son absolutos; y no solo eso, está obligado a respetar a los otros poderes, por más que los denueste. Sabemos que su ilusión es controlar a todo el Estado mexicano, pues esa ha sido su cruzada desde que llegó al poder en 2018; y lo seguirá intentando el próximo sexenio, primero buscando una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, para después imponer los cambios necesarios que alineen sus intereses dentro de los diversos poderes e instituciones. Por ello, la candidata que eligió fue cuidadosamente seleccionada, para que asuma sin rechistar los objetivos del ‘gran líder’.
No obstante, este debate que se ha abierto sobre el Poder Judicial, ha servido para entender mejor a esa institución y su sistema, que siempre se ha manejado muy sigilosamente. No solo se trata de entender su naturaleza, sino su funcionamiento, estructura y, en efecto, salarios y prestaciones.
Para nadie es un misterio que, dentro de ese poder, también lleno de privilegios y corrupción, se requieren medidas urgentes que limpien y transparenten su día a día. Que mejoren la impartición de justicia, que agilicen las demandas y castiguen y resuelvan mejor. El problema ahora es que el presidente, en busca de venganza y dinero, tuerce los procesos democráticos para atentar contra un poder, ahí está el detalle.
Esperemos que, de esta confrontación entre poderes, surjan criterios racionales y consensos nacionales para mejorar no solo a los poderes, sino a todo el marco institucional que juegue a favor del Estado mexicano, y no de un solo hombre.
Cuando critica a unos, pero deja de lado a otros que son aliados, que también están envueltos en privilegios y altos salarios, como los son quienes viven del Poder Legislativo, entonces se entiende que más allá de fortalecer los contrapesos y limpiar excesos, lo que pretende es desestabilizar a los contrarios para fortalecer exclusivamente a su movimiento, y eso en democracias, no está bien visto.
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.