Apenas estamos a 26 de enero y ya comenzamos a observar una serie de realidades que nos dejan perplejos y con la zozobra de que pueden venir cosas peores. Pero hay una que recientemente nos deja desolados ante su inmutabilidad: el asesinato a periodistas.
Lourdes Maldonado mendigó protección en Palacio Nacional, en una de las mañaneras del presidente. Fue el 26 de marzo de 2019 cuando la periodista denunció a Jaime Bonilla, quien estaba próximo a convertirse, por Morena y bajo el manto protector de López Obrador, en gobernador de Baja California.
Además de denunciarlo ante el presidente, lo acusó penalmente por no pagarle sus sueldos y prestaciones cuando trabajó en un medio de comunicación cuyo dueño precisamente es Bonilla.
Coincidentemente, el pasado 19 de enero un juez le dio la razón a Lourdes Maldonado y obtuvo un contundente triunfo dentro de las instituciones de justicia. Cuatro días después fue asesinada. Nuevamente el Estado mexicano le falló a una periodista y la indignación se desató de frontera a frontera como un tsunami.
Por más que Lourdes Maldonado formara parte del ineficaz Mecanismo de Protección a Periodistas, algo que celebró el presidente, su crimen fue certero y dejó en evidencia que dicho mecanismo no sirve para nada.
Le dijo al presidente aquella mañanera: “temo por mi vida”, y señaló a Bonilla como su principal amenaza. Él ya no es gobernador de Baja California, dejó de serlo el pasado 31 de octubre. No obstante, sigue siendo un prolífero empresario y no era la primera vez que lo acusan. En un par de ocasiones fue demandado por los delitos de lavado de dinero, peculado y colusión.
Es el mismo que buscó impulsar, con cuchillo en los dientes, la ley Bonilla para doblegar la Constitución del estado y extender su mandato de dos a cinco años; por fortuna la SCJN frenó lo que pretendía ser un albazo.
Hoy gobierna la entidad Marina del Pilar Ávila Olmeda, también de Morena y quien contrajo matrimonio con Carlos Torres Torres, quien se enfundó bajo las siglas de Morena apenas en 2019. Anteriormente fue panista de larga trayectoria, desde 1996. El invitado principal a su boda fue precisamente Jaime Bonilla.
En lo que va de este 2022, Tijuana suma dos periodistas asesinados. El lunes 17 de enero mataron también al fotoperiodista Margarito Martínez frente a su casa. Esta ciudad es una de las más peligrosas del país y del mundo para ejercer este oficio. La pregunta que todos nos hacemos es si habrá justicia en serio, o se cubrirán las espaldas los unos a los otros, entre poderosos, mientras la impunidad seguirá prevaleciendo, independientemente del partido gobernante.
En México ser periodista es una mala apuesta porque se arriesga la vida. Bajo esta realidad perdemos todas y todos porque se ve resquebrajada la libertad de expresión y al mismo tiempo la democracia y los derechos humanos. No es nuevo, por supuesto, pero tampoco los gobiernos de la cuarta transformación están haciendo lo suficiente para impedirlo.
El pasado 10 de enero fue asesinado el periodista Luis Gamboa, en el estado de Veracruz. Junto con los dos asesinatos de Baja California, son las entidades que suman los tres periodistas ultimados en lo que va de este 2022. Dos gobiernos donde Morena ha prometido mucho y que aún no se ven los cambios, todo lo contrario.
El año más letal para los periodistas fue 2016 con doce asesinatos. Después le sigue 2017 con once. En los años 2006, 2007, 2010, 2018 y 2019, en cada uno, ultimaron a diez. En total, desde el año 2000 han matado a 150 periodistas, según la organización Artículo 19.
Por ello, y para comenzar a resolver todo este lío de violencia e impunidad, se debe dejar de culpar al (insensato) pasado y comenzar a reconocer las fallas del presente y actuar con las estrategias adecuadas. De lo contrario crean el precedente para que los errores del futuro se los atribuyan al actual gobierno.
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.