Qué difícil es escribir sobre educación cuando el mundo —y México— parecen instalarse en la lógica de la guerra permanente. Guerra armada, guerra política, guerra ideológica, guerra digital. Guerra en las calles y guerra en las pantallas.
Durante más de dos décadas he sostenido una convicción que no se ha movido: no existe arma más poderosa que la educación. No lo digo desde la ingenuidad; lo confirman los datos. Cada país que ha transformado su economía, que ha reducido brechas y que ha ampliado su clase media lo ha hecho apostando de manera sostenida por su sistema educativo. No hay atajos históricos.
Pero los tiempos actuales estremecen incluso las certezas más sólidas. Las escenas de violencia, los discursos de confrontación y el lenguaje bélico que domina la conversación pública nos obligan a preguntarnos: ¿cómo se apuesta por la educación cuando todo alrededor grita urgencia militar, control, fuerza?
En las últimas semanas, en México y en el mundo, las pantallas se han llenado de armas, estrategias, inteligencia, despliegues, poder. El espectáculo del músculo. La pedagogía del miedo.
Y sin embargo, la educación no es un “estudio de caso” para foros ni un apartado ornamental en los planes de gobierno. Hay otra educación que está operando con mucha más fuerza: la que enseña desde fuera del aula. La que normaliza la violencia, la que premia la trampa, la que glorifica el dinero fácil y la impunidad. Esa también educa. Y lo hace todos los días.
La pregunta incómoda es qué está ocurriendo dentro de nuestras escuelas que no queremos mirar. Porque mientras se destinan millones —y millones— a armas, estrategias y aparatos de seguridad, el aprendizaje sigue esperando turno. Para la formación docente, para infraestructura digna, para materiales pertinentes, para estrategias que permitan aprender sin importar origen o condición, nunca alcanza.
No es falta de evidencia. Sabemos que la inversión educativa bien dirigida eleva productividad, reduce desigualdad y fortalece cohesión social. Sabemos que la movilidad social depende, en gran medida, de la calidad de la escuela pública. Sabemos que cuando la educación falla, la desigualdad se hereda.
Y, sin embargo, seguimos postergando lo impostergable.
En este tren vamos todos. Nadie se salva en un país donde la escuela pública deja de ser un centro de atracción, de excelencia y de posibilidades. Cuando la educación pierde legitimidad, el descarrilamiento no es metáfora: es destino.
¿Qué más necesitamos para colocar la educación en el centro real —no discursivo— de la agenda nacional? Los diagnósticos están hechos. Las buenas prácticas existen. Los docentes comprometidos sostienen el sistema con esfuerzo heroico. Los organismos internacionales han documentado hasta el cansancio la relación entre inversión educativa y desarrollo. No es falta de información. Es falta de prioridad.
En el país del “es que” ya no caben pretextos. No caben discursos grandilocuentes ni ideologías que sustituyen políticas públicas. Se requiere valentía política para reconocer la magnitud de la tragedia educativa que atraviesa México. Y se requiere decisión presupuestal para actuar en consecuencia.
Porque cada peso que no se invierte en educación se paga después con intereses en violencia, desigualdad y fractura social.
La verdadera pregunta no es si podemos permitirnos invertir más en educación. La pregunta es si podemos seguir financiando las consecuencias de no hacerlo.
