El país está ante una decisión que parece técnica, pero en realidad define si el compromiso con la niñez será un eje transformador del nuevo gobierno o quedará como una promesa simbólica: la próxima sesión del SIPINNA debe ser presidida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como ordena la ley. Y debe serlo el próximo 15 de diciembre, cuando se instale la comisión que marcará el rumbo del Sistema. Si no sucede, perderemos una ventana crítica; si sucede, México enviará una señal política inequívoca: la infancia sí es la prioridad nacional.
No se trata de protocolo. Se trata de poder. El SIPINNA —el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes— es el único mecanismo diseñado para coordinar a todas las instituciones del Estado alrededor de un mismo mandato: garantizar los derechos de 38 millones de niñas, niños y adolescentes en México. Lo integran la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Bienestar, educación, salud, trabajo, el DIF, los poderes públicos, las 32 gubernaturas, municipios, organismos internacionales y sociedad civil.
Si alguien puede articularlos para que una visión se convierta en políticas, programas y presupuesto, es la Presidencia de la República. Nadie más.
Por eso, diversas organizaciones —Pacto por la Primera Infancia, JUCONI, ADIVAC, Fundación UNNIDO, REDIM, IMUMI, Tejiendo Redes Infancia, Mexicanos Primero, KIND, World Vision México y Save the Children México— solicitamos formalmente a la Presidenta que asuma la conducción de esta sesión, como establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
No estamos pidiendo algo extraordinario. Estamos pidiendo el cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, el impulso necesario para convertir en realidad uno de los compromisos más relevantes del gobierno entrante: la República para la Niñez, ya inscrita como eje estratégico del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no llega en blanco. Ha dado señales claras de que reconoce la centralidad de la primera infancia y la urgencia de actuar: el programa de cuidados para los primeros 1,000 días; la creación de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) como parte del Sistema Nacional de Cuidados; campañas de vacunación; la estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente; y, sobre todo, la incorporación de la República para la Niñez al nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Pero incluso con esa voluntad, en un sistema tan grande como el del Estado mexicano, la diferencia entre que algo avance o quede truncado suele ser una: quién sienta la cabeza de la mesa. Ahí está el punto. El SIPINNA nació para que la política de infancia no dependiera de voluntades aisladas ni de programas sexenales, sino de un arreglo institucional fuerte. Cuando la Presidencia participa, el Sistema tiene peso político; cuando no, pierde fuerza, se dispersa, se diluye.
El 15 de diciembre es y será la prueba. Desde 2019, la educación inicial es obligatoria en México.
La política nacional de primera infancia ya existe. La ENAPI —Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia— fue actualizada y territorializada por la comisión correspondiente del SIPINNA. Tenemos diagnóstico, arquitectura, instrumentos y una Secretaría Ejecutiva seria, encabezada por Lorena Villavicencio, para articular políticas y promover entornos seguros.
Entonces, ¿qué falta? Tres cosas: recursos, seguimiento y rendición de cuentas. Y esas tres solo se destraban cuando la Presidencia articula y fija prioridades. Es crucial subrayarlo: la primera infancia no es solo cuidados. Es la etapa dónde empieza la educación. Hoy hay apenas 229,843 niñas y niños en educación inicial, el 0.7% de la matrícula total. La cobertura en educación inicial está en 3.8 %. Y aunque las cifras mejoran en preescolar, 36 % de niñas y niños de 3, 4 y 5 años siguen fuera de la escuela. Llegamos tarde al desarrollo educativo. Tarde para cerrar brechas. Tarde para formar habilidades socioemocionales, cognitivas y ciudadanas que determinan la vida adulta.
Una República para la Niñez empieza en un aula, no en un discurso. La ley es clara: el SIPINNA debe sesionar al menos dos veces al año y debe ser presidido por la titular del Ejecutivo federal. Cumplir la ley no debería requerir presión, pero hoy es indispensable recordarlo: si la próxima sesión no la encabeza la Presidenta, el Sistema queda “descafeinado”, debilitado políticamente y reducido a un espacio consultivo sin capacidad de incidencia.
Pero, ¿qué significa que la presidenta esté ahí? que se activan palancas presupuestales, que las secretarías alinean prioridades, que las gubernaturas entienden que la infancia no es un tema accesorio, que se abre paso a decisiones con impacto inmediato y futuro. La niñez no puede seguir esperando a que “alguien más” tome la decisión. Necesita que quien tiene el mayor poder en el Estado mexicano asuma plenamente el liderazgo que la ley le confiere.
Este 15 de diciembre no es una fecha administrativa: es el momento en que se puede consolidar o diluir la República para la Niñez. La sociedad civil ya hizo su parte. Las organizaciones están articuladas, la evidencia está sobre la mesa, la política existe y el mandato legal es claro. Ahora toca que la Presidencia dé el paso que define un sexenio. Porque un país que dice poner a las niñas y los niños al centro debe demostrarlo donde realmente cuenta:
en la silla donde se toman las decisiones.
