Mauricio Jalife

Genera oposición la nueva ley de ciencia y tecnología

La pretensión básica de estimular la producción de ciencia y tecnología en el país no debería admitir regateos.

La iniciativa de la nueva ley de ciencia y tecnología sigue generando oposición entre sus principales destinatarios, que no son otros que los investigadores y las instituciones que los albergan. Aun pudiendo discutir muchos de los aspectos ideológicos de un ordenamiento de este tipo, la pretensión básica de estimular la producción de ciencia y tecnología en el país no debería admitir regateos. Lamentablemente, las consecuencias predecibles apuntan en sentido opuesto.

Un primer aspecto que ha sido señalado como inaceptable es la autoasignación que Conacyt pretende a su favor del total de derechos patrimoniales sobre las invenciones y las obras creadas al amparo de proyectos fondeados por la institución. Esta idea no solo no abona al necesario reconocimiento a las universidades y centros de investigación responsables de los proyectos, sino que atropella el más elemental principio de justicia. Para múltiples universidades en el mundo, los ingresos por regalías derivadas de la explotación de tecnología desarrollada por las mismas se ha convertido en una de las formas más relevantes de financiamiento de nuevas investigaciones. Además, las instituciones deben tener la libertad de distribuir a los investigadores parte de los beneficios obtenidos por sus creaciones, como un mecanismo primario para estimular la innovación.

La intención de ‘centralizar’ los derechos en Conacyt representa problemas prácticos que repercutirán negativamente en el avance de los proyectos, desde el nulo conocimiento que tiene del mercado y la gestión de tecnología, hasta aspectos de patentamiento que exigen un depurado diseño técnico.

El otro aspecto que el proyecto de ley no interpreta adecuadamente y que es uno de los ejes de un cuerpo normativo de este tipo, es el consistente en la definición de reglas de financiamiento. No existe proyecto, sea académico o de investigación, que no requiera seguridad y disponibilidad de recursos en tiempo y forma, de lo contrario, la ausencia de programación degrada cualquier estructura dando paso a la simple improvisación. Si de verdad queremos tomar en serio las tareas de generación de ciencia y tecnología en el país, empecemos por adoptar en la ley el compromiso de destinar un porcentaje concreto del PIB, en montos similares a los países desarrollados.

De la lectura del proyecto, claramente se percibe el trato poco respetuoso a las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, al restarles protagonismo en la toma de decisiones relativas a las líneas de acción en materia de ciencia, ciñéndolas a los designios de lo que Conacyt decida en forma unilateral y hermética.

A lo largo de estos años en que nuestro país ha hecho esfuerzos considerables por superar la brecha que en ciencia y tecnología ha mantenido con los líderes, queda claro que no se puede contradecir al mercado, ni burocratizar procesos que por naturaleza deben ser ágiles y estables. Pretender imponer criterios de investigación y cerrar la puerta a la indispensable pluralidad y vocación que inspira a los científicos es alejarnos totalmente del objetivo.

Esperemos que, como buena muestra de esa apertura, se empiece por escuchar a todos los que tengan algo que decir sobre el proyecto de la nueva ley.

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