En lo que ha sido una constante en los últimos años, a la promulgación de una nueva legislación siguen señalamientos y recursos legales para impugnar su contenido. Este es el escenario con la nueva Ley General de Bibliotecas que, a pesar de haberse cocinado durante varios años, el balance final no presenta números negros.
La primera gran queja del sector apunta a la carga excesiva de trámites administrativos que impone a las editoriales, acompañados por severas sanciones que no tienen proporción con los eventuales incumplimientos. De hecho, algunas de las aplicaciones que la ley impone a editores de libros, pretende hacerlas extensivas a productores de música, sin realizar los necesarios ajustes de acuerdo a la naturaleza de las obras respectivas.
Uno de los aspectos más criticados de la ley es el llamado “Depósito Digital de Publicaciones”, cuya operación carece de reglas y omite ofrecer candados para proteger los derechos de autor de las obras que son entregadas. En un entorno en el que las librerías están convirtiéndose en especie en extinción en el país, e índices de lectura a la baja, la amenaza de que se generen copias no autorizadas resulta inadmisible. De acuerdo a la ley, la entrega de los ejemplares digitales podría, bajo las políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta, una serie de usos y abusos que atentan contra las bases del sistema. ¿hace sentido pagar por un libro que se puede consultar gratuitamente?
Asociaciones como la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes y la propia Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana han formulado objeciones a la ley desde que transitaba por el Congreso, sin que sus observaciones fueran escuchadas. Ahora, como parte del ejercicio natural de contención que compete a los gobernados, muchas de las editoriales, en lo individual, han presentado decenas de amparos para escapar de la amenaza de las sanciones previstas por el ordenamiento.
Es claro que el paso de la industria editorial, de lo físico a lo digital representa el mayor desafío que se puede enfrentar, y lo que nos estamos jugando está ligado a valores tan altos como la libertad de expresión y el acceso a la cultura. Sin embargo, debe entenderse que sin respeto irrestricto al derecho de autor, las inversiones que se requieren para poner a disposición las obras cesarán, o se concentrarán en algunos sellos editoriales consolidados, que son los que podrían lidiar con las onerosas obligaciones impuestas.
Una inteligente medida para diseñar una solución consistiría en aceptar que la ley presenta puntos débiles que deben ser mejorados a través de una reforma y de un reglamento que la nueva ley requiere. A pesar de que una reforma en una ley nueva evidencia fallas en su formación, es una forma aceptable de empezar a entender que las mejores leyes son las que resultan de procesos de mediación que involucren a los destinatarios.