Mediante decreto publicado el pasado 14 de julio de 2021, el presidente de la República creó la Agencia Nacional de Aduanas de México como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Esta decisión, al menos, va en contraflujo de otras que han eliminado diversos órganos, dependencias e instituciones, aún y cuando las razones que la impulsan pudieran no ser las óptimas.
Según el propio decreto lo establece, todo apunta a que el personal que operará la nueva institución será de las Fuerzas Armadas, a las que el texto del documento reconoce como garantes de la transparencia, honestidad y servicio al pueblo de México.
Llama la atención que el decreto de creación de la Agencia Nacional de Aduanas sujete su propia fecha de vigencia a la de las reformas legales que le otorguen la competencia que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria en materia fiscal y aduanera. En términos de ‘normalidad jurídica’, primero se habría tenido que emitir la reforma legislativa y como consecuencia de ésta crear el órgano previsto en las mismas. De la manera en que se está procediendo, parecería que el Ejecutivo dirige tiempos y formas del Legislativo, condicionando totalmente su margen de decisión. Bajo el supuesto resultante, incursionamos en la paradoja de que la nueva agencia está creada pero no existe.
Una de las preocupaciones que se disparan con motivo de esta determinación es la relativa a las labores de dictaminación y detención de productos pirata, cuyos volúmenes de venta en el país han alcanzado cifras alarmantes. Buena parte de los productos falsificados provienen de oriente, por lo que la fiscalización que se ejerce en los puntos de entrada al país es crucial en la estrategia de combate a la violación de derechos de propiedad intelectual. Estas tareas, conocidas como ‘medidas en frontera’ constituyen, además, uno de los ejes centrales de los compromisos asumidos por nuestro país en todos los tratados internacionales desde nuestro ingreso a la OMC, por lo que su observancia tiene la máxima jerarquía.
Más allá de los buenos propósitos, la labor de identificación y detención de productos sospechosos de violar derechos de marcas, patentes o derechos autorales tiene altos requerimientos técnicos que ha llevado muchos años satisfacer. La detención de falsificaciones se mueve en sentido contrario al ánimo facilitador que inspira el libre comercio internacional, y muchas veces deriva en acciones que pueden destruir el patrimonio de importadores honestos. Ese terreno se vuelve aún más resbaloso por la complejidad propia de las llamadas importaciones paralelas, que permiten el ingreso a México de mercancías genuinas que son importadas por quienes no son distribuidores oficiales de las marcas.
De hecho, hay que recordarlo, la Administración General de Aduanas está a cargo del manejo del Padrón Aduanero de Marcas, que es la base de datos que desde hace 10 años se viene construyendo para facilitar la consulta de marcas registradas y de importadores autorizados que buscan controlar el flujo de productos de imitación. A pesar de sus fallas y limitaciones, el padrón ha sido una herramienta de enorme utilidad en la defensa de marcas de renombre.
Tomamos como buena la intención de desterrar la corrupción de las aduanas del país, siempre y cuando no sea a costa de destruir las capacidades técnicas del servicio profesional que han venido prestando.