Secretario de Gobierno de la CDMX
Al comenzar el actual periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, emergió en el debate local la necesidad de realizar una reforma al Código Electoral local para eliminar estructuras que se impusieron al Instituto Electoral de la Ciudad hace dos legislaturas.
La idea general se plasmó en la iniciativa presentada por el diputado Carlos Hernández Mirón desde el 17 de febrero pasado.
Dicha iniciativa planteaba eliminar una de las cuatro subcontralorías, fusionar las áreas de vinculación institucional con órganos externos, elevar la jerarquía de los temas de equidad de género y derechos humanos y disminuir otras estructuras.
La propuesta fue analizada durante tres meses por la comisión Legislativa del Congreso correspondiente, platicada y avalada en términos generales por los dirigentes locales de los partidos y por funcionarios del propio Instituto Electoral. De hecho, la idea original provino del propio Instituto.
Sin embargo, al acercarse el proceso de dictaminación apareció un súbito y estridente rechazo de los partidos de oposición. Rechazo injusto e injustificado como veremos a continuación.
Las razones inmediatas de esta reforma se remontan a los últimos meses del año pasado, cuando el Instituto Electoral dejó de pagarle sus prerrogativas a los partidos. Esto repercutió en la falta de pago de salarios a los trabajadores de los partidos. Y finalmente, en la toma del IECM por esos trabajadores.
El Instituto alegaba que no había recibido la totalidad de su presupuesto. Era falso. Los partidos tocaban puertas para saber qué había pasado y exigían sus prerrogativas.
El gobierno de la Ciudad demostró que había pagado la totalidad del presupuesto aprobado por el Congreso Local al IECM, aproximadamente mil 500 millones de pesos, de los cuales menos de 500 millones correspondían a los partidos.
¿Qué había pasado? ¿Por qué los partidos no habían recibido las prerrogativas que los correspondían en los últimos meses, más o menos unos 70 millones de pesos?
Pues sucedió que el IECM presupuestó su gasto de acuerdo a las exigencias estructuras, pero dejó a los partidos sin sus prerrogativas completas. El IECM se autoasignó más de mil millones de pesos para su aparato burocrático, pero sólo dejó recursos para nueve meses de prerrogativas de los partidos. En otras palabras, destinó los recursos a una burocracia interna onerosa y dejó sin cubrir plenamente lo que sí era una obligación constitucional.
Cuando los partidos exigieron sus prerrogativas al IECM éste contestó que ya no tenía recursos, que había que pedirle al gobierno una ampliación presupuestal.
La respuesta del gobierno fue clara: el IECM tenía que hacer un plan de austeridad para cumplir sus obligaciones con los partidos. No habría ampliación presupuestal.
Entonces el IECM se dio a la tarea de detectar gastos superfluos, y en efecto, localizó más de 50 millones de pesos ¡aunque había dicho que ya no tenía dinero!
Al trabajar en su plan de austeridad, detectó que no podía avanzar más pues había estructuras que no podían adelgazarse porque estaban en la Ley.
En consecuencia, se hizo indispensable una reforma a la Ley para adelgazar estructuras enormes, con el objetivo de liberar aproximadamente unos 50 millones de pesos que serán manejados por el propio IECM. Eso lo sabían los partidos y los consejeros electorales.
¿Por qué entonces hubo una reacción tan dramática y escandalosa de la oposición? ¿Por qué dicha actitud si la reforma permitirá al IECM contar con recursos para pagar las prerrogativas de los propios partidos?
Por dos razones fundamentales. La primera es que las estructuras recortadas están copadas por cuotas políticas (especialmente los grupos de Mauricio Toledo y Jorge Romero). Y en segundo lugar, porque las dirigencias nacionales de los partidos de oposición metieron sus manos para buscar un conflicto donde no lo había.
Más allá de esta historia, hay una pregunta de fondo: ¿Por qué a un instituto electoral no le alcanzan mil millones de pesos para sostener sus órganos internos aún en un año no electoral?