Secretario de Gobierno de la CDMX
Frenar el derroche, disminuir una representación que por décadas ha dado pruebas de ineficacia y darle a la ciudadanía más poder en la toma de decisiones es el planteamiento del presidente López Obrador en la reciente iniciativa que envió al Congreso de la Unión.
Luego de impulsar la inédita experiencia de la revocación de mandato, el Presidente de la República presentó una propuesta de reforma constitucional en materia electoral que muestra una idea de cambio profunda y además hace eco de reclamos históricos y de ideas planteadas con anterioridad por casi todos los partidos políticos.
Una idea central del Presidente es hacer economías, implementar la política de austeridad en el gasto de los órganos electorales y legislativos, así como en el financiamiento a los partidos, para destinar los recursos ahorrados a la inversión social y productiva. En otras palabras, que la clase política no le cueste tanto a los contribuyentes.
Estas medidas implican al mismo tiempo una transformación profunda en el modelo político del país, pues se busca acabar con un modelo en el que las élites partidistas se reproducen en los cargos públicos sin siquiera hacer campaña con la ciudadanía.
Por ejemplo, la iniciativa presidencial busca terminar con la lista de legisladores plurinominales en el Senado. Con ello la Cámara de Senadores pasaría de 128 a 96 legisladores.
El debate para disminuir el número de integrantes de la Cámara de Senadores a 96, viene de legislaturas pasadas y continúa vigente.
En las iniciativas legislativas presentadas en el 2019, por ejemplo, se señala que el Senado tiene por objetivo la representación del pacto federal y que los plurinominales no cumplen con la representación de ninguna entidad federativa.
Se calcula que el gasto sexenal en los sueldos y salarios de las y los senadores ronda los mil 200 millones de pesos, por lo que reducir el número de senadores y senadoras a 96 implicaría que (con las cifras del PEF 2019), en vez de ejercerse un presupuesto de 201 millones 132 mil 32 pesos al año, se ejercerían 150 millones 849 mil 24 pesos, lo que significaría un ahorro de más de 50 millones de pesos anuales tan solo en el rubro de sueldos y salarios de los senadores.
Nada más en dietas el ahorro a lo largo del sexenio sería de 300 millones de pesos y la repercusión en los grupos parlamentarios sería de más de ochocientos millones de pesos. Todo ello, sin contar con los ajustes administrativos en cadena que se derivarían de ello.
Pero por otro lado, de acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados el 59 por ciento de la ciudadanía se inclina por disminuir el número de legisladores federales.
En dicho estudio de opinión se informa:
“Ante pregunta cerrada, los ciudadanos aducen cuatro argumentos a favor de una reducción del número de legisladores. Primero, opinan que es muy costoso tener un Congreso integrado con el actual número de diputados y senadores (47 por ciento de las respuestas); segundo, que es difícil que los legisladores se pongan de acuerdo “cuando son muchos” (19 por ciento). En tercer lugar, los entrevistados expresan que, al ser muchos, entre los diputados y senadores siempre existen “algunos muy malos que echan a perder el trabajo (15 por ciento)”. Finalmente, el 15 por ciento de los ciudadanos que favorecen la disminución del número de legisladores considera que el trabajo de éstos “no sirve a los ciudadanos”.
Lo anterior nos lleva a concluir que disminuir el número de los integrantes del Senado de la República, traería como consecuencia beneficios sociales, legislativos, económicos, de representación y rendición de cuentas.
El ejemplo del Senado es ilustrativo. No solo se ahorraría un buen caudal de recursos que se podrían aplicar a inversiones sociales y productivas, también se daría respuesta a una ciudadanía que más que representada hoy se siente agraviada por el comportamiento de muchos de los llamados senadores plurinominales.