Senador de la República
“América Latina es la segunda región con mayor desigualdad en el mundo después de África Subsahariana, donde México, Brasil y Chile, son los países con la concentración del ingreso más alta, y por lo tanto, de mayor desigualdad, de acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, informó el miércoles pasado el periódico El Financiero. La nota de dicho medio agrega que el 10 por ciento de la población en México captó el 59 por ciento de los ingresos generados en el país entre 2000 y 2019. Ese mismo día, el diario La Jornada informó en sus ocho columnas que “tienen un tercio de la riqueza nacional 1% de millonarios”.
Expertos de instituciones ligadas al actual modelo económico, como Ernesto O’Farril, presidente del Grupo Bursamétrica y José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico consideran que esa desigualdad se debe al bajo crecimiento y a la falta de inversión.
Sin embargo, la experiencia reciente de América Latina apunta las causas de la desigualdad hacia otro factor: limitada redistribución del ingreso debido al bajo gasto social y la escasa aportación fiscal de los altos contribuyentes.
De acuerdo con Lais Abramo, “la Cepal calcula que en la actualidad, anualmente, la evasión y la elusión fiscal corresponden al 6.3% del PIB regional, lo que es una cifra extremadamente elevada, máxime si uno la compara con la suma de los gastos realizados en los programas de transferencias de ingresos…, las pensiones sociales no contributivas y los gastos realizados en las políticas de mercado de trabajo y que corresponden, respectivamente, a 0.37%, 0.65% y 0.45% del PIB”.
Una ligera variación de estas tendencias permitió a América Latina vivir entre el 2003 y el 2018 un período excepcional de disminución de desigualdad y pobreza.
La propia Lais Abramo decía antes de la pandemia que la “desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas, y se ha manifestado y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica”, pero que en “el último decenio y medio, la desigualdad se ha reducido (Cepal, 2016a; 2016b; 2017a; 2018a; 2019), en un contexto político en el cual los gobiernos de los países de la región dieron una alta prioridad a los objetivos de desarrollo social y promovieron políticas activas de carácter redistributivo e incluyente”. Abramo también informa que entre 2002 y 2017, el promedio simple de los índices de Gini de 18 países de América Latina disminuyó de 0.53 a 0.47, lo que representa una disminución significativa. Vistos por separado algunos casos son muy interesantes. En Bolivia, el índice Gini pasó de 0.61 a 0.46; en Ecuador, de 0.54 a 0.44; y en Argentina y Uruguay, de 0.47 a 0.39.
Lo mismo señalan Luis Bértola y Jeffrey Williamson: “Después de las llamadas reformas estructurales de las décadas de 1970 y 1980, la mayoría de los países de América Latina habían mostrado que podían lograr un rápido crecimiento y abordar cambios estructurales. Sin embargo… el crecimiento fue seguido por un aumento de la desigualdad y, en algunas partes de América Latina, incluso con aumento de la pobreza. Tomando nota de esta experiencia, los observadores comenzaron a preguntarse si la desigualdad se había convertido en una característica permanente del desarrollo de América Latina (…) Pocos años más tarde, nos encontrábamos discutiendo algo completamente diferente. Hacia 2014, América Latina había registrado un rápido crecimiento durante más de una década y, contrariamente a lo que había sucedido en otras partes del mundo, la desigualdad estaba disminuyendo”.
La pandemia ha disparado de nuevo los índices de desigualdad. Urge que los gobiernos latinoamericanos retomen las políticas de redistribución social directa y universalista y obliguen a los grandes consorcios a cumplir con sus obligaciones fiscales. El paradigma ya no es crecer para distribuir, sino distribuir para crecer.