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Desafuero: el doble discurso del PAN

El PAN, ha emprendido una defensa del gobernador alegando una persecución política. Sin embargo, la persecución política es la que realizó el gobierno panista contra AMLO.

Senador de la República

Luego de que el pasado 30 de abril de 2021 la Cámara de Diputados aprobara el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se ha recordado el desafuero del Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, aprobado por la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005. Los casos, sin embargo, son muy distintos.

Una diferencia importante es el motivo del desafuero. En el caso del Jefe de Gobierno fue el presunto desacato a una resolución judicial que ordenaba la suspensión de la construcción de una calle para comunicar a un hospital. En el caso del gobernador de Tamaulipas, fue la acusación que lo vincula a operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. A esto se suma la investigación que realiza el FBI.

Mientras al Jefe de Gobierno se le acusó de querer construir un camino para comunicar un hospital, al gobernador se le investiga por actividades equiparadas al crimen organizado.

El PAN, no obstante, ha emprendido una defensa del gobernador alegando una persecución política. Sin embargo, la persecución política es la que realizó el gobierno panista contra AMLO, que era el puntero en la carrera presidencial en 2005. El gobernador tamaulipeco no solo no figura entre los personajes punteros rumbo a la sucesión presidencial, sino que de acuerdo con la encuestadora Massive Caller, cercana al PAN, es uno de los gobernadores peor evaluados. No se acredita la motivación política como en el caso de AMLO.

Otro contraste es la actitud de ambos gobernantes ante el desafuero. Mientras AMLO abandonó sus oficinas para esperar la detención en su casa, Cabeza de Vaca se atrinchera en oficinas de gobierno con la protección de policía de élite.

Contrasta también el papel de las legislaturas locales.

La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) interpuso una controversia constitucional argumentando que la Cámara de Diputados federal carecía de facultades para realizar el juicio de procedencia en contra del Jefe de Gobierno. Este recurso fue desechado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La defensa de la ALDF se centró entonces en demandar el desistimiento de la acción penal.

En el caso de Tamaulipas, el Congreso local también entabló una controversia constitucional, misma que, con distintos argumentos, fue desechada por un ministro, aunque no por el pleno de la Corte. No obstante, el Congreso de Tamaulipas mantiene su desacato contra el desafuero.

El dictamen del desafuero de AMLO se notificó a la entonces ALDF para su conocimiento y, en el caso de Cabeza de Vaca, se comunicó al Congreso del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 constitucional.

Se dice que la diferencia se debe a que la ALDF no tenía el estatus de congreso local, pero que el estado de Tamaulipas sí cuenta con un congreso local.

Eso, sin embargo, no resuelve la controversia de fondo. ¿A qué se refiere el párrafo quinto del 111 constitucional cuando mandata a la Cámara de Diputados a “que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”? A nuestro juicio, debe interpretarse dicho párrafo en el sentido de que corresponde al congreso local nombrar un gobernador sustituto, en términos de lo que establezca su constitución local, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no faculta a los Congresos Locales para aprobar o rechazar un “inatacable” desafuero por delitos federales.

En todo caso, es el pleno de la Corte el que debe dirimir dichas interpretaciones.

Pero la mayor diferencia entre un caso y otro es el discurso del PAN. En 2005, exigía acatar el desafuero de AMLO, a pesar de que ante situaciones similares siempre se determinó el desistimiento de la acción penal. En 2021, se opone con la fuerza al cumplimiento del desafuero de uno de sus correligionarios, a pesar de las investigaciones criminales que pesan en su contra.

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