Política para A’Mar

Contar, nombrar, castigar

La Ley General de Feminicidio promete cero impunidad, pero llega sobre una alerta de género sin reglas y una justicia que apenas cuenta a las víctimas.

Hace unos días, se publicó el último informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), la organización civil que en 2015 pidió que se declarara en ese estado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En pocas palabras, es una revelación del mal funcionamiento del mecanismo.

El informe llega mientras se discute la Ley General de Feminicidio, iniciativa de la presidenta que busca hacer frente a la terrible realidad en nuestro país, en la que las mujeres son asesinadas solo por ser mujeres. Una ley que, con retórica de campaña, promete cero impunidad. El Congreso ya aprobó la reforma constitucional que la hace posible y el Senado prevé aprobarla antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahora bien, frente a la realidad del mecanismo y ante este compromiso tan ambicioso, conviene revisar las propuestas que se han hecho antes.

La primera fue en 2007, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la que nace la AVGM. La alerta es un conjunto de acciones de emergencia para territorios donde la violencia contra las mujeres se ha salido de control, lo cual se traduce en que, cuando un estado se muestra incapaz de proteger a las mujeres, recibe intervención de la Federación. Pasaron ocho años para que se emitiera la primera en el Estado de México, en 2015, y cabe agregar que varias de las alertas que hoy existen se lograron por orden de un juez. Al contrario de lo que se pudiera pensar, la alerta no es algo que solicitan los gobiernos locales, sino que llega cuando un estado ya incumplió las recomendaciones que se le hicieron. Hoy hay 26 alertas en 23 entidades.

La segunda tiene que ver con la clasificación efectiva del delito de feminicidio. Esta sucedió en marzo de 2015 cuando la Suprema Corte, al resolver el caso de Mariana Lima Buendía, estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como posible feminicidio. Once años después, en abril de este año, el propio Senado reconoció que entre 2018 y 2025 fueron asesinadas más de 26 mil mujeres en México y solo una de cada cuatro de estas muertes se registró como feminicidio.

También el caso de Morelos muestra una disparidad del conteo de la Comisión frente al del estado: la CIDHM documentó 121, mientras que el gobierno reconoce poco más de treinta; por cada caso que el gobierno admite, la Comisión cuenta más de tres. Los números inaguantables de la Comisión son resultado de un seguimiento de prensa y su registro responde a mujeres que fueron asesinadas con indicios de violencia de género; mientras que el conteo oficial tiene que ver con los expedientes judiciales. Lo revelador es que la distancia entre la cuenta de la CIDHM y de las autoridades se acerca bastante a la brecha nacional.

La tercera promesa tiene que ver con el castigo y justamente aquí entra la nueva ley propuesta por la presidenta. De acuerdo con Impunidad Cero, entre 2016 y 2021 más de la mitad de los casos registrados como feminicidio no terminaron en sentencia. Una cifra que, además, solo mide los casos que llegaron a tipificarse como feminicidio.

La Ley General de Feminicidio intenta responder a ese fracaso, al hacer que el delito signifique lo mismo en todo el país; encarga a la Fiscalía General un protocolo común de investigación y eleva las penas a entre 50 y 70 años de prisión. En buena medida, convierte en ley lo que la Corte ordenó hace once años.

En esta nueva ley, la AVGM se menciona entre los instrumentos de atención, sin que la iniciativa la reforme o la sustituya. Deja la alerta tal como está y, como indica el informe de la CIDHM, necesita de reglas claras y la verificación de su cumplimiento para que pueda funcionar. Eso tiene que ver, principalmente, con la desaparición de la CONAVIM y el reglamento que sigue pendiente desde la reforma del 2022.

Si la nueva ley se enfrenta con los mismos retos para aplicarse que la alerta, el compromiso de cero impunidad se sumará a la larga lista de promesas incumplidas.

Este espacio hará una pausa de unas semanas. Gracias por leerme cada semana, pronto volveremos a encontrarnos aquí.

COLUMNAS ANTERIORES

La dedicatoria para la presidenta
Judíos mexicanos

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.