En días recientes el mundo ha sido testigo de multitudinarias protestas aquí y allá por una eterna demanda: un salario bien remunerado. El caso más notable ha sido Francia, donde hace una semana cientos de miles de trabajadores –junto a estudiantes– se manifestaron en las calles para reclamar “un salario digno” y contra el encarecimiento del costo de la vida, exigencia que se ha replicado en varios países europeos, como España, que tuvo otra vez protestas esta semana.
Pero México no ha sido la excepción. Primero fueron los trabajadores del IMSS, que se movilizaron por un mejor salario, y pese a haber alcanzado un acuerdo de un aumento global de 8 por ciento para casi medio millón de empleados, siguen protestando en las calles, pues los de base lo siguen considerando insuficiente.
Luego tocó turno al INE. Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana reclamaron un aumento para alcanzar los dos salarios mínimos y la renovación del equipo obsoleto con el que laboran. El lunes, por las protestas, cerró el 65% de los módulos en el país. Al final aceptaron la oferta de partir de un 6% de aumento, pero con la promesa de revisar un ofrecimiento mayor.
Lo interesante de esta protesta de trabajadores del árbitro electoral es que se da justo en momentos en que se revela (La Jornada 09/11/26) una enorme disparidad salarial entre sus empleados, pues “en la parte alta de su estructura hay por lo menos 694 personas que gozan de remuneraciones brutas de más de 100 mil pesos mensuales, entre consejeros, directores, subdirectores, asesores, vocales ejecutivos locales y titulares de unidad”, mientras que “en contraste, al menos 20 mil 416 empleados ganan máximo 15 mil 856 pesos; algunos con percepciones de entre 5 mil 700 y 9 mil”.
Y precisamente en esos estratos de percepciones bajas se encuentran los empleados de los Módulos de Atención que llevaron a cabo la protesta.
Y hablando de salarios, si algo ha presumido la ‘4T’ en materia económica es precisamente el alza del salario mínimo por encima de la inflación, que por décadas fue un tema tabú. Los empresarios, que siempre alegaban que si subía el salario mínimo se desataría una espiral inflacionaria, accedieron a un acuerdo histórico en 2018 con el gobierno y los sindicatos que ha permitido al obradorismo cacarear la recuperación del poder adquisitivo.
Pero hoy, justo cuando en el país y en el mundo surgen demandas de aumentar los ingresos salariales y brotan protestas contra el alto costo de la vida, ese acuerdo IP-gobierno-sindicatos comienza a crujir y los empresarios piden ya ponerle un freno a los incrementos del salario mínimo. Acotarlos a un dígito (entre 9% y 9.9%) es una de sus pretensiones.
El 12 de octubre, la cúpula de la IP, aglutinada en el Consejo Coordinador Empresarial, planteó que el incremento para 2027 sólo considere el ajuste por inflación, eliminando así el Monto Independiente de Recuperación, el MIR.
“Lo fácil sería aumentar mucho, (pero) eso haría perder empleos (...) Se ha cumplido el objetivo que nos habíamos puesto de manera conjunta. Ahora toca ser responsables y conservar los empleos que se tienen en las condiciones en donde no se ha generado el empleo formal que se requiere”, advirtió José Medina Mora Icaza, presidente del CCE.
En ese mismo sentido, el lunes pasado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, pidió que el aumento del salario mínimo en 2027 se limite a la inflación más dos puntos porcentuales. Alegó que la economía mexicana atraviesa un estancamiento, y se volvió a quejar de la reducción de la jornada laboral, prevista desde enero de 2027, al lamentar que elevará los costos de las empresas.
Y fue más allá –espantó con el ‘petate del muerto’, dirían en el pueblo– al advertir que aumentos de más de 10%, como han sido los recientes, provocarían cierre de negocios, especialmente pequeños, y más empleo informal.
Pero bueno, sin ánimo de culpar a los patrones y tacharlos de insensibles, lo cierto es que ellos finalmente están en lo suyo, defendiendo sus intereses empresariales y tratando de salvar sus negocios de la quiebra, sobre todo de las mipymes. Porque además tienen razón al señalar las condiciones adversas por el bajo crecimiento de la economía y la debilidad de la inversión.
El problema está en cómo le explicas a un trabajador con sueldo mínimo que el alza salarial que tanto está esperando para el siguiente año se va a moderar, porque pues “hay que cuidar el empleo formal”... O que el incremento anhelado tendrá un límite porque, si no, “provocaría cierre de negocios”... O que sus conquistas laborales, como la reducción de la jornada semanal de trabajo, le complica la vida a los empleadores y el que debe sacrificarse nuevamente es el asalariado, renunciando a un alza de dos dígitos… No hay manera.
El que tiene que resolver el problema y equilibrar la situación es el Ejecutivo. Si el gobierno quiere cumplir la meta de que el salario mínimo permita adquirir 2.5 canastas básicas hacia 2030, pero al mismo tiempo evitar que la carga sea toda para los empresarios –lo que ciertamente podría provocar la quiebra de pequeños negocios–, pues debe hallar una alternativa razonable, ya sea brindar estímulos fiscales o facilidades a los empleadores.
¡Pero cómo!, si lo que más está buscando el gobierno es que el fisco apriete más y recaudar de donde sea, ya parece que va a dar beneficios fiscales a nadie.
Lo cierto es que si los empresarios están en su lucha por limitar los aumentos salariales, los trabajadores están en la suya por incrementos mayores que le permitan afrontar una vida cada vez más cara. El lunes se conoció el reporte de la inflación general, que registró 3.75 por ciento anual en octubre, por encima del 3.65 por ciento esperado, y sumando tres meses al alza. Un aumento salarial por debajo de dos dígitos no sería de gran ayuda para la base trabajadora.
Y el gobierno no puede lavarse las manos ante esta encrucijada.
Aquí, como siempre, los únicos que no le pierden son los multimillonarios. De acuerdo con Oxfam, “en los últimos 30 años, la concentración extrema de la riqueza se ha consolidado en México. Los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tantos ni tan ricos”. Y eso, acota, “no es producto del mérito individual, sino de un modelo económico injusto que depende del trabajo de millones de personas y de los recursos de todo el territorio, pero distribuye sus beneficios entre muy pocos”. Pero claro, esa… esa es otra historia.