Emiliano Andrade Covarrubias llevaba décadas, como cientos de miles de mexicanos que residen en Estados Unidos, ganándose la vida dignamente. Vivía de pintar casas y departamentos en Dallas, Texas; con ese trabajo mantenía a sus tres hijos y su sueño era construir su propia vivienda en México. El sábado se reportó su muerte en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, donde llevaba recluido cuatro meses, desde que fue capturado al reingresar a ese país, con todo y su green card, tras uno de sus viajes a su natal Hidalgo.
Su hija Estefani, nacida en la Unión Americana, ha denunciado en distintos medios, entre ellos el Texas Tribune, que en esas celdas su padre no tenía acceso regular a sus medicamentos para la diabetes y la hipertensión, y que una petición de auxilio por un fuerte dolor en el pecho no habría sido atendida oportunamente. Estaríamos, pues, ante un caso más de negligencia criminal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, que derivó en la muerte de un paisano.
Con Emiliano ya son 18 los mexicanos muertos en operativos migratorios o bajo custodia de autoridades estadounidenses desde enero de 2025, es decir, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y su atroz política de persecución migratoria. Tan sólo en Texas ya son siete los paisanos muertos bajo resguardo del ICE, nada más en lo que va de 2026.
Y, como cada que ocurre una tragedia así, mejor dicho, un crimen así, en México la presidenta Sheinbaum ordenó, otra vez, “reforzar” los consulados para que, “en el marco de sus atribuciones, garanticen la protección de los derechos humanos” de los mexicanos en el exterior. Y destacó que su gobierno interpondrá una denuncia en Estados Unidos por la muerte de Emiliano.
No es la primera vez que el gobierno de México interpone demandas. Ya se han tramitado otras por muertes anteriores. ¿Y qué ha pasado? Nada. Siguen falleciendo mexicanos. Tampoco es la primera vez que se instruye el fortalecimiento de la red consular y la intensificación de las gestiones para garantizar los derechos humanos de los paisanos. ¿Resultados? Ninguno.
Y, por supuesto, no es la primera vez que se pronuncia ese discurso trivial de que los migrantes “para nosotros son héroes y heroínas”...
¿Y...? ¿Qué se ha ganado? Nada de eso ha servido. Son discursos y acciones inútiles. Dirán que el gobierno mexicano tiene un margen de acción acotado, que las herramientas legales no le permiten ir más allá de lo que ya se ha hecho, que se actúa “en el marco de sus atribuciones”... y hasta ahí.
Y no por el hecho de que no hayan surtido efecto los reclamos y las acciones emprendidas quiere decir que ya mejor no se haga nada. Por supuesto que deben seguir, una y otra vez, exigiendo protección a los derechos humanos de los migrantes. Pero con qué cara el gobierno de este país va a demandar protección y justicia allá, si aquí, tan sólo tres días antes de la muerte de Emiliano Andrade, un juez exoneró a Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, de su responsabilidad en el incendio en la estación de Ciudad Juárez en 2023, en el que murieron 40 migrantes centro y sudamericanos. El juzgador consideró que el exfuncionario ya había cumplido con las condiciones que se le habían impuesto –indemnizaciones, disculpa pública y supervisión de estancias migratorias–. Y el cuento se acabó.
La muerte de Emiliano Andrade ha causado tal indignación, que incluso el congresista demócrata Henry Cuellar está tomando cartas en el asunto. Dijo a medios locales que acudió personalmente al centro de detención para inspeccionar el área en la que estaba recluido y evaluar los protocolos médicos. Comentó que cuestionó al personal de salud sobre el momento en que el mexicano pidió ayuda y si el auxilio fue el adecuado. El congresista se quedó sin respuestas, pues la investigación permanece abierta.
Los esfuerzos seguirán siendo en vano mientras persista la cruel política trumpista contra los migrantes, con medidas deshumanizantes que buscan asfixiar a quienes lo único que quieren es ayudar a sus familias y contribuir a la economía estadounidense. Pero esa hostil directriz antiinmigrante podría quizá tener las horas contadas, al menos para ser acotada, pues, según la encuesta más reciente del Pew Research Center, la aprobación de los latinos a Trump rumbo a las elecciones intermedias del 3 de noviembre cayó a sólo 24%, después de que hace dos años conquistó 48% de los sufragios latinos.
En Texas, uno de los estados con políticas más restrictivas hacia los migrantes, la candidata demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, se acerca mucho en las encuestas y puede derrotar a Greg Abbott, quien busca otra reelección.
Incluso entre la base republicana hay descontento. La congresista de origen cubano María Elvira Salazar reclamó a Trump el mes pasado que, en su afán de hacer cumplir las leyes migratorias, ha “ido demasiado lejos” y que los votantes hispanos que lo apoyaron “se sienten traicionados hoy”.
Con una derrota de Trump y los republicanos no terminaría de la noche a la mañana la pesadilla que sufren los migrantes, pero en algo de alivio se tendría que traducir un revés en las urnas. Por el bien de los migrantes –y de los propios estadounidenses–, que así sea.