Retrato Hablado

‘Los jueces tenemos que hacer valer la ideología de la democracia’

En este momento, crítico para el tribunal y las instituciones electorales del país, Reyes Rodríguez Mondragón tenía un papel de disidente, casi en solitario.

Reyes Rodríguez sabe adaptarse, y lo hace rápido. Ha dado varios saltos, algunos de ellos casi mortales. No sabe quedarse quieto. Pocas veces ha estado dos años al hilo en el mismo puesto. Ahora preside, por segunda vez –efímera la primera de ellas–, el Tribunal Electoral.

Estudió en escuelas públicas, privadas y en el extranjero. Se graduó como licenciado en Derecho en el ITAM, donde había aplicado en principio para Economía, y en la UNAM cambió Ciencias Políticas por Psicología para complementar su carrera de abogado.

Fue líder en el Movimiento de Juventudes Cristianas, una escisión de los Scouts. Creció en Mixcoac, una zona tomada por pandillas en los 80, que asaltaban una y otra vez el modesto comercio de sus padres.

Su primer empleo fue en la Procuraduría Agraria, después en la secretaría del ramo. Para Rodríguez, su labor está orientada a la construcción de instituciones, su absoluta convicción. El Tribunal Electoral tiene otra oportunidad, piensa.

Por un tiempo, creyó que lo suyo eran las políticas públicas. Incluso estudió un posgrado en el CIDE. Pero no. Tras un proyecto fallido en la consultoría, entró en los albores de la transición a la Secretaría de Gobernación como asesor de Virgilio Andrade, que había sido su profesor en el ITAM. “Curiosamente, lo electoral me ha tomado la medida; me ha atrapado”.

Poco después volvió al CIDE, para formar la División de Estudios Jurídicos y la licenciatura en Derecho. Su plaza era de asistente de investigación, lo que implicaba disminuir tres veces su ingreso, pero, sobre todo, mover su ruta profesional hacia la academia, y no hacia el servicio público.

Tras graduarse como maestro de Sociología en Derecho en el País Vasco, rechazó un programa doctoral en Alemania. Recién se había casado y convenía más intentar continuar con sus estudios en Estados Unidos.

Su vida dio un vuelco cuando llegó a Presidencia de la República, como asesor jurídico en el equipo de discurso. Rubén Aguilar creó la Vocería y Rodríguez fue designado al área de Análisis, pero no cumplió ni siquiera un año. Tuvo desacuerdos con el equipo de Aguilar respecto del manejo del desafuero de López Obrador: “Era evidente el sesgo hacia la candidatura de Creel, pero la gran cantidad de dinero destinada a la Vocería fue el colmo para mí”.

Se fue al Centro de Estudios Espinoza Yglesias y de ahí volvió a la esfera electoral, en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. La elección presidencial lo absorbió por completo.

En 2008 se convirtió en el coordinador de asesores de Benito Nacif en el INE. Tras implementar las nuevas leyes electorales, tomó un puesto en la Secretaría de Gobernación, cerca de Roberto Gil Zuarth, cuando éste fue subsecretario. Con él volvió a Los Pinos, a la secretaría particular, pero desde entonces aspiraba a ser consejero electoral. Después de asesorar en temas jurídicos la fallida campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, Gil lo nombró secretario técnico de la Comisión de Justicia en el Senado. Seis meses más tarde llegó al Tribunal Electoral como magistrado de la Sala Regional con sede en Monterrey. Nunca había proyectado ser juez. Su relación con Gil y el grupo calderonista ha sido señalada como obstáculo para su desempeño al frente del Tribunal Electoral. El magistrado presidente responde que se sometan a juicio sus votos y proyectos.

Su periodo en Nuevo León concluyó con anticipación porque concursó para formar parte de la Sala Superior. El nombramiento original de Reyes Rodríguez, por seis años, fue ampliado a ocho mediante un polémico transitorio modificado en el Congreso que fue materia de controversia constitucional en la Suprema Corte. “En mi opinión, es inconstitucional ese transitorio”, ha reiterado el magistrado.

En este momento, crítico para el tribunal y las instituciones electorales del país, Rodríguez tenía un papel de disidente, casi en solitario. “Formar parte de una mayoría no necesariamente te hace ser parte o identificarte con el colectivo. Y como no me veo en un rol como persona, no me puedo ver en solitario. A veces tengo que tomar decisiones que no quisiera tomar por mi ideología, pero los jueces tenemos que hacer valer la ideología de la democracia, de la Constitución, del sistema legal”.

Mucho antes de asumir la presidencia del máximo tribunal electoral, le preocupaba el estado de las instituciones electorales: “Desde la reforma de 2007 y el cambio en la integración del Consejo General del INE, quedó clara la vulnerabilidad de las instituciones electorales. La reforma de 2014 corrobora esa vulnerabilidad a nivel estatal. Pero lo que hemos visto es que las que buscan forjarse como autónomas, apegadas a la constitucionalidad de sus decisiones, están en tensión con los incentivos de los partidos políticos que compiten por mantener su influencia sobre ellas”.

“Una de las debilidades del Tribunal Electoral era que no había certeza en lo que iba a resolver porque algunas resoluciones se veían tomadas por la relevancia política del caso. La percepción que priva es que el Tribunal Electoral no logra revertir esa desconfianza. Y eso me preocupa, porque se van a renovar prácticamente todos los órganos de representación pública, desde ayuntamientos, hasta la presidencia de la República”.

“Me preocupa también el INE. Las instituciones electorales debemos armonizar nuestros criterios y ser más predecibles o la lectura de nuestras decisiones va a ser ambivalente. Si el Tribunal Electoral no lo hace, no dará seguridad a los partidos ni a la ciudadanía e iremos hacia una polarización de percepciones. Y en las elecciones, con la cantidad de recursos públicos que exigen y con nuestra consabida litigiosidad, es muy preocupante. En México, la litigiosidad en materia electoral está incentivada por la volatilidad de los criterios; todos piensan que cualquiera puede ganar”.

-Que en el Tribunal se gana lo que se pierde en las urnas.

-El Tribunal no es un espacio para abrir la negociación política. Las instituciones están para defender los derechos y los valores democráticos.

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