En ocho años de gobiernos morenistas, las mañaneras impuestas por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum distan de ser un mecanismo de rendición de cuentas, en cambio, se han convertido en el mecanismo más eficaz de propaganda electoral, en la principal tribuna para imponer la agenda nacional y para denostar sistemáticamente a los partidos opositores, medios de comunicación y voces discordantes que critican al gobierno. La lógica es simple: culpar de todo a los adversarios, a los gobiernos del pasado y cubrir las faltas del régimen actual, por graves que sean, repitiendo todos los días versiones que ocultan la verdad en los temas polémicos.
El caso Taddei no es la excepción. El gobierno y Morena niegan su evidente responsabilidad en su designación y en los superpoderes que le otorgaron para imponer y remover a su antojo, en posiciones clave de la institución, a personas que convirtieron al INE en un botín. Fue en el contexto de los actos de corrupción evidenciados por la prensa, cuando el 5 de noviembre de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta, la secretaria Raquel Buenrostro presentó los antecedentes y resultados preliminares de una presunta investigación pretendiendo responsabilizar de los hechos a exfuncionarios electorales que hoy participan en Somos.
Los señalamientos realizados constituyen conductas que vulneran la normativa electoral y los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, pues se utiliza la investidura de personas servidoras públicas, así como plataformas institucionales y recursos públicos, para formular y reproducir señalamientos que buscan vincular al partido Somos y a algunos de sus integrantes con presuntos actos de corrupción, incluso, usando frases como “mafia electoral”, y señalando una inverosímil participación en contrataciones ilícitas, redes de sobornos y manipulación de adjudicaciones.
Las declaraciones de la presidenta y de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, retomadas y difundidas por diversos titulares de los Ejecutivos estatales y de la Ciudad de México, así como por la dirigencia nacional de Morena, configuran una estrategia sistemática y reiterada de descalificación política, desplegada en pleno desarrollo de los procesos electorales 2026-2027, violando los límites de la comunicación institucional y del debate público legítimo, mediante el uso de recursos públicos, la intervención ilegal de gobiernos del oficialismo en la competencia electoral y la imputación de hechos calumniosos, en perjuicio de Somos y de las condiciones de equidad que deben regir toda contienda electoral.
La presidenta y las y los gobernadores infringen el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, que establece obligaciones orientadas a garantizar que el ejercicio del poder público no altere las condiciones de equidad en la competencia entre partidos y candidaturas, señalando que los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia electoral. El gobierno debe sacar las manos del proceso electoral y las autoridades electorales, obligadas a arbitrar con imparcialidad, deben dictar las medidas correctivas necesarias y sancionar las violaciones a la ley electoral.