La historia del IFE-INE nos habla de una hazaña colectiva escrita por millones de mexicanos y mexicanas que apostaron por una institución genuinamente ciudadana y por una autoridad que cumpla, al menos, dos objetivos esenciales: preparar con eficacia y profesionalismo la renovación periódica de los poderes públicos y arbitrar con imparcialidad el desahogo de los procesos electorales. Desde su instalación formal, el 11 de octubre de 1990, logró un perfeccionamiento paulatino de procedimientos técnicos que han sido referente obligado para diversas instituciones electorales en el mundo.
Algunos de sus logros más significativos indican que en 36 años el INE integró un Servicio Profesional Electoral que recluta, capacita, evalúa e incentiva al universo de personas que tienen a su cargo la ejecución de las actividades del proceso electoral que deben cumplirse con precisión de relojería; que levantó de base cero un padrón electoral que hoy es la columna vertebral de la confianza y seguridad de las elecciones, además de ser la base de datos de los mayores de edad más confiable del país que sirve para emitir una credencial para el voto en las casillas, pero que también hace posible el derecho constitucional a la identidad, pues se acepta como identificación primordial para todo tipo de trámites ante instituciones privadas o públicas.
El aporte democrático del IFE-INE también está en procedimientos transparentes de integración de casillas, de obtención de resultados y de mecanismos técnicos para realizar conteos rápidos, registrar candidatos, administrar el régimen de partidos políticos, fiscalizar ingresos y egresos de partidos y candidaturas, administrar los tiempos del Estado para la difusión de mensajes de propaganda electoral y coordinar al actual sistema nacional de elecciones establecido desde la reforma de 2014 con los órganos electorales estatales.
En materia de derechos políticos, el IFE-INE fue pionero en impulsar el acceso a la información pública, en construir la paridad de género y en ampliar los derechos de mujeres y grupos en condiciones de vulnerabilidad; en garantizar la integración imparcial de casillas con nuestras vecinas y vecinos; en promover la observación electoral; impulsar una cultura cívica y un debate público informado, y en apoyar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
Treinta y seis años de historia se dicen fáciles, pero detrás está un enorme esfuerzo de construcción de acuerdos políticos y de implementación de millones de personas, muchas de las cuales salieron a las calles en su defensa, cuando las propuestas de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador pretendieron cercenar y controlar al INE. La marea rosa se opuso, defendió a la institución como lo que es, un patrimonio democrático de México y no una propiedad exclusiva de un partido o de un grupo enquistado en el poder ni de antes ni de ahora.
El 36 aniversario de la institución más emblemática de nuestra historia reciente no debe pasar desapercibido, menos aún, en un momento en el que el oficialismo lo secuestra para usarlo como una herramienta de control en la renovación de los poderes públicos, en el que se denuncian hechos lamentables de posibles ilícitos y de acoso laboral que atentan en contra de la dignidad y los derechos de sus trabajadores. Nuestra democracia exige mantener y fortalecer al INE como una autoridad técnicamente eficaz y políticamente imparcial, que presente resultados creíbles y actúe como un verdadero árbitro frente a todos los contendientes y gobiernos en turno.