La selección de supuestos coordinadores, con el matiz que cada partido impone, son precampañas adelantadas que desnivelan la cancha en favor de algunos contendientes, se trata, lisa y llanamente, de un mecanismo inventado por los partidos del oficialismo para incumplir con la ley, para obtener ventajas indebidas y generar contiendas inequitativas que les favorezcan. Conforme con lo previsto en la ley vigente, las precampañas son procedimientos internos de los partidos políticos para seleccionar sus candidaturas a los puestos de elección popular, que solo pueden realizarse una vez que inicie el proceso electoral, con apego a las normas y plazos que establezca la autoridad.
El hecho es que la barrera establecida en la ley para evitar que se vulnere el principio de equidad es cosa del pasado, una simple anécdota en la historia de nuestros procesos electorales. Pese a que la ley se mantiene con la misma redacción, diversos contendientes han desplegado un intenso trabajo de proselitismo, incluso desde hace muchos meses, sin que tengan consecuencia alguna, como ocurrió con la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, o como sucede todos los días en las 17 entidades federativas en las que se renovará la gubernatura.
Oficialistas y opositores se amparan en el criterio del tribunal electoral que en 2023 calificó a las precampañas adelantadas como procedimientos intrapartidarios inéditos; pues bien, esos procedimientos, si alguna vez lo fueron, dejaron de ser internos y menos aún son inéditos. Se han convertido en parte de la cotidianidad política que los partidos y sus aspirantes usan para posicionarse, de cara a la ciudadanía y no solo frente a sus militantes, sin inhibición o freno alguno.
¿Qué hacen las autoridades? Nada, no hacen nada, solo mirar hacia otro lado en escandalosa inacción que entraña complicidad con los partidos y sus aspirantes. Si se observa con atención, ni siquiera se han emitido lineamientos que fijen plazos específicos, algún tope a los gastos que se realizan y una vigilancia a las acciones de proselitismo que no respetan ni los criterios que el propio tribunal ha establecido para identificar actos anticipados de precampaña y campaña. No hay límites a los gastos y menos aún a las manifestaciones públicas de las personas que compiten por las supuestas coordinaciones, no hay vigilancia de las precampañas adelantadas que toda la sociedad observa, menos las autoridades.
Cuando el INE emita los lineamientos propuestos y exigidos por el consejero Arturo Castillo en varias ocasiones, será demasiado tarde, porque en un símil, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si el proceso electoral es una competencia de maratón, varios competidores ya están en el kilómetro veinte, sin que se haya dado el banderazo de salida, mientras los demás ni siquiera se han formado en el punto de partida, lo cual se traduce en un esquema de inequidad en la contienda que favorece a las candidaturas del oficialismo.
La obligación de las autoridades es ejercer el carácter de árbitro que la Constitución establece y no contemplar de lejos las precampañas adelantadas que están en curso, su papel es simplemente aplicar la ley. De lo contrario, se seguirán generando lesiones a la integridad de las elecciones, a la equidad de la competencia, y continuaremos en la peligrosa opacidad sobre el origen de los recursos que se despliegan en todo el país sin control alguno, amparados en criterios absurdos del tribunal.