La 4T quiere llevar al exceso el ejercicio de revocación del mandato previsto en nuestra Constitución como un derecho ciudadano que ya vivió su primera edición en 2022. La historia nos recuerda como el morenismo convirtió la implementación del ejercicio en un mecanismo de propaganda político electoral que se condujo bajo la premisa de ratificar y no de permitir que en libertad la ciudadanía decidiera si quería o no revocar el mandato a Andrés Manuel López Obrador. Ahí están los mecanismos usados por organizaciones afines para recabar las firmas exigidas, el uso abusivo de recursos públicos y la intervención indebida de servidores públicos.
Al margen del programa de trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, algunos legisladores impulsan una reforma constitucional al vapor para adelantar el ejercicio de revocación del mandato, al que aludió Claudia Sheinbaum en su discurso del 1° de octubre de 2024 en el Zócalo de la CDMX, para hacerlo de manera simultánea con las elecciones de 2027. La 4T quiere que, en 2027, aparte de renovar la Cámara de las Diputaciones, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, ayuntamientos de 30 entidades federativas y la mitad de las personas juzgadoras en el ámbito federal y en 19 estados, además de la totalidad en las otras 13, se coloque una boleta para que la ciudadanía determine si revoca o no, mejor dicho, para que ratifique en el cargo a Claudia Sheinbaum.
Es la misma fórmula que intentó López Obrador: colocarse en la boleta en plenas elecciones federales y locales para incidir en los resultados y arrastrar con su popularidad las candidaturas de su partido, la diferencia está en que ahora el morenismo sí tiene las mayorías calificadas necesarias para imponer la fecha que más convenga a su proyecto, más en un momento en que urge hacer control de daños por los efectos de los graves problemas no resueltos en diversos Estados de la República, como son la atención a los daños sufridos por la población por desastres naturales, la corrupción arraigada y cada vez más evidente en el grupo gobernante y los terribles problemas de inseguridad pública.
El lamentable y artero asesinato de Carlos Manzo puso de relieve la fragilidad de los esquemas de seguridad que existen a nivel nacional y el evidente o deliberado descuido a las solicitudes reiteradas de apoyo tanto del gobierno federal como local. En la desesperación por salir bien librados de una tragedia buscaron apegarse al librito, pero la fórmula de culpar al pasado no funcionó y obligó a la primera mandataria a cambiar de estrategia y anunciar un programa especial para Michoacán, pero sin tocar aspectos que gravitan en torno al problema de fondo donde gobernadores como el de Michoacán o Sinaloa, en su contexto, parecieran ser parte del problema y no de la solución. Así que adelantar la revocación del mandato solo busca blindar elecciones locales donde los gobiernos morenistas están en vilo frente a las elecciones de 2027.
La revocación del mandato es un ejercicio democrático si se realiza como un derecho ciudadano, pero no como una vía para impulsar la reelección indefinida de grupos en el poder. Se trata de una figura reconocida en el mundo que, si no se distorsiona y la ciudadanía se siente decepcionada o traicionada por un funcionario electo, pueda retirarle su confianza, también en las urnas, para dar por concluido su mandato antes de que termine el periodo para el que fue electo. La revocación, como derecho ciudadano, no debe tergiversarse para beneficio del grupo en el poder, como pretende Morena.