La reforma electoral está en curso. La presidenta de la República decidió impulsar una iniciativa que construirá una comisión coordinada por Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tendrá a su cargo la redacción de los contenidos específicos para ajustar la Constitución y las leyes en la materia. Diversas voces de personas que hemos ocupado responsabilidades en magistraturas y consejerías electorales consideramos que la reforma a las reglas del juego político debe ser producto de un diálogo nacional y del consenso.
Se trata de un tema fundamental para la democracia mexicana y para el Estado de derecho. Las definiciones que impliquen cambios legislativos deben tomar en cuenta las opiniones de organizaciones sociales, actores políticos, instituciones académicas, medios de comunicación y sumar los diagnósticos técnicos de las autoridades responsables de organizar elecciones federales y locales, a fin de que la reforma refleje la opinión de todos, incluyendo a los grupos minoritarios, y no solo la visión de quienes representan a las mayorías.
Una reforma que beneficie al país y fortalezca al sistema electoral debe incluir la revisión de los mecanismos de representación política, buscando corregir la sub y sobrerrepresentación que las fuerzas políticas tienen en la actualidad y que el número de asientos que se les asigne corresponda a los porcentajes de votación que alcancen en las urnas para hacer más justa y legítima la representación de la sociedad en las cámaras nacionales, los congresos locales y los ayuntamientos, los cuales deben ser un reflejo de la pluralidad y diversidad que caracteriza a la sociedad, incluyendo la voz de todos los grupos.
Reducir los costos es un objetivo que podría alcanzarse si se incorporan medios electrónicos y se regulan modalidades como el voto por internet y el uso de urnas electrónicas que son reciclables; disminuirían costos y tiempos para la obtención de resultados con certeza.
La autonomía de los organismos electorales debe mantenerse como una de sus características esenciales que garantizan la confianza de actores políticos, candidaturas y ciudadanía, fortaleciendo la profesionalización de sus estructuras ejecutivas y el funcionamiento colegiado de sus instancias de decisión.
Las campañas deben ser equitativas con un sistema más eficaz de fiscalización de los recursos que las candidaturas y partidos reciben y aplican en sus actividades proselitistas. El uso del financiamiento público debe ser más transparente y orientarse a las actividades que la ley permite para la obtención del voto. La reforma también debe establecer mecanismos que prevengan y sancionen prácticas antidemocráticas como la compra y coacción del voto.
En cuanto al financiamiento público partidario, opino que es revisable y que cualquier ajuste que se introduzca debe ser racional, sin anular las posibilidades de competencia entre las fuerzas políticas.
Sobre la forma de designar consejerías y magistraturas, se han ensayado varias alternativas; considero que debe privilegiarse la selección de perfiles técnicos con experiencia y conocimientos que garanticen imparcialidad e independencia en su desempeño y una designación calificada de tres cuartas partes de los integrantes de alguna de las cámaras de senadurías o diputaciones.
El sistema electoral se fortalece con autoridades independientes que gocen de confianza y credibilidad; son los árbitros de la contienda y los responsables de llevar a buen puerto las elecciones y su arbitraje. Por la relevancia de estos y muchos otros temas, es claro que la reforma debe ser consensuada con un diálogo nacional inclusivo.