El viernes pasado, en respuesta a solicitudes presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ahora sí la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó que diversos comentarios del presidente de la República, en la mañanera del pasado 24 de mayo, podrían incumplir normas constitucionales que obligan a todos los servidores públicos a sujetarse a los principios de imparcialidad y neutralidad.
¿Qué dijo? Al referirse a diversos medios de comunicación señaló: “…es que están queriendo influir en las elecciones del Estado de México. Por eso le están subiendo, porque como el Estado de México está muy cerca, es parte de la ciudad. Pero lo que hay hoy en la Ciudad de México es esa campaña, vamos a decir, hegemónica, totalitaria, en contra nuestra porque quieren influir en la elección del Estado de México. No quieren lo que ellos llaman populismo… no quieren la pensión a los adultos mayores; no quieren la pensión a las personas con discapacidad; no quieren las becas para estudiantes de familias pobres…”
A diferencia de acuerdos anteriores en los que, por voto mayoritario, la Comisión negó las cautelares, ahora sí, de manera unánime, advierte que las expresiones del primer mandatario incluyen pronunciamientos sobre las elecciones en el Estado de México, usando como argumento discursivo que los medios de comunicación desde la CDMX confabulan en contra de su movimiento político porque están en contra de sus programas sociales y de que el gobierno apoye al pueblo. La autoridad no lo dice, pero las declaraciones del presidente forman parte de su plan C, de su estrategia política para incidir en las elecciones del 4 de junio y para descarrilar a la oposición rumbo a 2024.
Otra vez: se encuentra vigente un modelo de competencia electoral que obliga a los servidores públicos a no utilizar recursos públicos para influir en los comicios y el presidente los usa para organizar y difundir las mañaneras, además de que su conducta entraña afectaciones al principio de imparcialidad dado que, al cuestionar a los medios de comunicación, ataca a sus adversarios políticos y los acusa de orquestar una campaña en su contra, por lo cual usa su popularidad para llamar al electorado pidiéndole favorecer a las candidaturas de Morena, así lo hace reiteradamente con relación a los procesos locales en curso y avanza en la campaña presidencial adelantada en favor de la 4T.
Es saludable que la Comisión haya dictado las cautelares ordenándole al presidente que retire de sus intervenciones las menciones que afectan la equidad en las contiendas, no solo del Estado de México y Coahuila, sino especialmente de los procesos electorales federales y locales 2023-2024 que aún no empiezan, pero donde la cuarta transformación lleva ventajas ganadas por la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también por los múltiples beneficios obtenidos con violaciones reiteradas a diversas normas electorales.
Faltan las determinaciones que tome el Tribunal Electoral sobre los acuerdos dictados por el INE por los que negó o concedió medidas cautelares. El hecho es que después de cuatro años y medio, el arbitraje de las autoridades electorales ha sido insuficiente frente al comportamiento de los servidores públicos de Morena que saben, pero lo evaden, que los principios de neutralidad y de imparcialidad no son de observancia optativa sino obligatoria. Y no es cierto, como dicen, que la autoridad, con decisiones de esta naturaleza, lesione su libertad de expresión, dado que pueden informar o decir lo que quieran, mientras no lastimen la equidad en la contienda y se apeguen a lo que les ordena la Constitución.
Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.