El primer ejercicio de revocación de mandato presidencial de la historia reciente de México entró a la fase final con la presentación y remisión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del cómputo total y la declaratoria de resultados hecha por el INE, donde se indica que la votación emitida fue de 16 millones 502 mil 636 sufragios, de los cuales por la opción “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” votaron un millón 63 mil 209, que equivalen a 6.44 por ciento; mientras que por la opción “Que siga en la presidencia de la República” se registraron 15 millones 159 mil 323 votantes, que corresponden a 91.86 por ciento; mientras que 280 mil 104 personas optaron por anular el voto, igual a 1.69 por ciento y una participación ciudadana de 17.7 por ciento.
Queda por delante la calificación final que el Tribunal realizará, previa resolución de los múltiples procedimientos iniciados por diversas irregularidades cometidas durante su desarrollo. El INE informó que en 65 días que duró la organización del ejercicio se registraron en sus áreas centrales 188 quejas, 159 solicitudes de medidas cautelares y 127 procedimientos sancionadores en sus órganos desconcentrados, lo cual coloca a la revocación de mandato como el procedimiento más judicializado de los organizados por el IFE-INE.
Siendo un ejercicio desvirtuado en su esencia y convertido en mecanismo para medir la popularidad del presidente y la capacidad de movilización de Morena, la revocación indica la dimensión de su voto duro, el músculo de las 18 gubernaturas del partido oficial y sus aliados que serán evaluadas por el primer mandatario y los posibles impactos que tendrá en las elecciones locales de este año, en las del Estado de México en 2023 y en la sucesión presidencial de 2024.
Ciertamente, 15.1 millones no son tan pocos como quería la oposición ni tantos como deseaba el oficialismo, pero es claro que para la elección presidencial se requerirán muchos más en una contienda que tendrá otras características y donde entrarán en juego las estrategias de todos los partidos. En rigor acudieron a las urnas casi dos de cada diez electores, pese al uso electoral de los beneficios de los programas sociales denunciados de diversas formas y la impresionante e inusual movilización de servidores públicos, legisladores y del propio presidente, que no observaron las restricciones existentes en la Constitución y en la ley.
Entre los efectos de la revocación de mandato no debe pasar desapercibida la postura que la misión de observación electoral de la OEA plasmó en su informe preliminar, donde “reitera su preocupación por las continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el INE, que no solo aumentan la polarización existente en el país, sino que también menoscaban la democracia… Si bien todo sistema electoral es perfectible… las reformas que sean introducidas deben apuntar a fortalecer al organismo y no a restarle autonomía o capacidad técnica, lo cual significaría un retroceso importante para la democracia mexicana”.
Es evidente que en el ámbito internacional existe preocupación por los efectos que la posible reforma electoral tendría, tanto para las autoridades como para nuestro sistema electoral. México precisa de una política con altura de miras, que considere las propuestas de todas las fuerzas y donde las reformas fortalezcan al Estado de derecho y amplíen las garantías de las y los ciudadanos. Ninguna modificación tiene justificación si se impulsa por capricho o para cobrar facturas de deudas ficticias.