Para nadie es un secreto que la revocación de mandato ha generado una disputa sin precedente entre el gobierno, Morena y las autoridades electorales. La razón es el activismo deliberado de la ‘cuarta transformación’ para violar sistemáticamente la Constitución y la ley durante las campañas electorales y ahora en el periodo de la revocación de mandato. Los efectos serán demoledores para el sistema electoral construido a base de mucho esfuerzo en las últimas décadas si se concreta la presentación de la iniciativa anunciada y el oficialismo logra votos definitorios de legisladores de la oposición que volverían inviables hasta sus alianzas.
De ser un mecanismo ciudadano para evaluar el desempeño de gobernantes, la revocación de mandato pasó a ser un proyecto estratégico de los designios presidenciales. Nadie pidió que el mandatario se fuera, no son los inconformes con su gestión los que solicitaron inaugurar el mecanismo que debió reservarse a situaciones extremas de pérdida de confianza. Todo lo contrario, son los adeptos, los que convergen y están convencidos, quienes cambiaron la naturaleza del ejercicio para tornarlo en una forma de ratificación que no está definido así ni en la doctrina ni en la Constitución.
En las últimas semanas testificamos interpretaciones inconstitucionales a la ley para que el presidente y los servidores públicos del partido mayoritario difundan inncesantemente propaganda gubernamental y se coloquen pintas y espectaculares que piden votar por la continuidad de AMLO. A la par que el INE y el Tribunal emiten medidas cautelares e instrucciones para retirar toda esa difusión, que es contraria a la Constitución y a la ley, sin que se acaten los mandatos y, por el contrario, generen la descalificación constante y sistemática desde el poder, que coloca a las autoridades como un tribunal censor equivalente a la llamada Santa Inquisición.
Insistir y ordenar que se cumpla la ley no es ocurrencia ni exceso de las autoridades, es cumplir con su obligación de ejercer un arbitraje imparcial. La reacción presidencial llevó a informar que se presentará un paquete de propuestas en el marco de la posible reforma electoral que tendrá que analizarse en sus términos, una vez que se conozcan los detalles, pero que, de concretarse, constituiría un grave ataque a la institucionalidad construida para garantizar elecciones auténticas y creíbles y para fortalecer la democracia y los derechos políticos de todos.
Los temas planteados en las mañaneras, sin excepción, requieren reformas constitucionales que tendrán que pasar los filtros de las mayorías calificadas. El dilema está en saber si los partidos de la oposición quieren ‘federalizar’ de nuevo la función electoral para regresarle el control al presidente en turno y la designación de consejeros y magistrados bajo un mecanismo engañoso, donde la mayoría de los perfiles para su elección por voto popular provendrían del propio Ejecutivo y de las mayorías parlamentarias, en este caso, de Morena.
Igual estará a discusión la pretendida desaparición de los espacios de representación proporcional y la disminución de los montos del financiamiento público que, como está planteado, volvería monocolor al sistema político y desaparecería la representación de diversos segmentos de la sociedad. Esas propuestas están en una lógica revanchista y en la intención de cobrar facturas a instituciones cuyo pecado capital es no ceñirse a los deseos del poder y exigir que se cumpla la Constitución. Hoy están en grave peligro.