Profesor en UNAM y en UP. Especialista en temas electorales.

Revocación del mandato

Bien por la ampliación de mecanismos de democracia participativa directa. El reto es cómo volverlos funcionales en una democracia comprometida con problemáticas complejas.

El martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó con 290 votos a favor de Morena y sus aliados, 195 en contra de la oposición y 15 abstenciones, la Ley de Revocación de Mandato. Así, está completo el marco normativo para celebrar, en principio, el 27 de marzo de 2022, este ejercicio de democracia participativa directa. Varios puntos a destacar.

Primero, me parece un buen mensaje político que el Poder Legislativo haya cumplido el mandato del Tribunal Electoral para emitir esta legislación que complementa y que podría modificar los lineamientos aprobados previamente por el INE; sobre todo, que se haya hecho con una deliberación y con la construcción de los consensos necesarios entre los diversos grupos parlamentarios, particularmente en el Senado, dado que los diputados de Morena aprobaron sin modificaciones el proyecto que recibieron.

Segundo. Fue saludable evitar que el tema de la pregunta llegara a la Corte, como hubiera ocurrido si la mayoría parlamentaria se hubiera aferrado a no modificar el texto de la pregunta, también lo es, porque los plazos avanzan con celeridad y la autoridad electoral necesita tiempo para cumplir una logística que de entrada implica instalar una cantidad similar de casillas a las del pasado 6 de junio, más de 163 mil.

Tercero. La solicitud de revocación de mandato puede presentarse por 3.0 por ciento de los y las inscritas en la lista nominal de electores debiendo pertenecer, al menos, a 17 entidades federativas y significar 3.0 por ciento de la lista nominal de cada entidad, durante los tres meses posteriores a la finalización del tercer año de gobierno. Para que los efectos sean obligatorios deberá participar, al menos, 40 por ciento de los electores.

Cuarto. Conforme a lo previsto en la legislación aprobada, los partidos políticos podrán participar en la difusión de la revocatoria de mandato sin utilizar sus prerrogativas, lo cual, en mi opinión, le quita el carácter ciudadano al ejercicio y genera el riesgo de que, como ocurrió en la consulta popular del 1 de agosto, se politice el mecanismo y se convierta en una arena para dirimir las controversias partidarias. Unos por la revocación y otros por la ratificación.

Quinto. El INE ha iniciado el cabildeo para la aprobación de su presupuesto que incluye una partida por 3 mil 830 millones de pesos para la revocación del mandato. Tarea nada sencilla. Sobre todo, porque es una cantidad claramente contraria al principio de austeridad que pregona el gobierno y su partido, más si le sumamos los 520 millones ya erogados de la consulta popular y el hecho de que las tragedias que se viven en el país por la pandemia y las inundaciones, entre otras, exigen apoyos urgentes.

Bien por la ampliación de mecanismos de democracia participativa directa. El reto es cómo volverlos funcionales en una democracia comprometida con problemáticas complejas. Los costos son altos y para reducirlos a su mínima expresión deben implementarse mecanismos electrónicos que los vuelvan baratos y ágiles en su realización.

Tengamos cuidado de que la demanda social por buenos gobiernos no vuelva inestable los mandatos de los gobernantes. Nada más perjudicial para el funcionamiento de la democracia que sustituciones constantes de los gobiernos. Ejemplos recientes hay muchos. La revocación es un ejercicio de retiro del mandato ante malos gobiernos, no como se quiere acá, un espacio de ratificación del respaldo popular para manejar el segundo trienio del mandato y la sucesión presidencial.

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