Con la celebración de la consulta popular dimos un paso fundamental en la ampliación de mecanismos de participación de los y las ciudadanas en la vida democrática del país. En una jornada histórica de cobertura nacional, el INE dispuso la instalación de 57 mil 77 mesas receptoras de opinión para que los 93.6 millones de electores pudieran manifestarse sobre la pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró de trascendencia nacional.
En democracias como la nuestra, las consultas populares sirven para que todos y todas opinemos sobre asuntos de interés público, para participar en la definición de políticas públicas o de cambios en nuestra organización política y administrativa que beneficie a la colectividad. Se trata del ejercicio de derechos de ciudadanas y ciudadanos que refuerzan la construcción de sociedades más igualitarias e incluyentes.
Al amparo de las respectivas bases constitucionales y de la Ley General de Consulta Popular, el pasado domingo presenciamos una jornada cívica que estuvo antecedida por una enorme politización, por la amplia discusión sobre los alcances de la pregunta y sobre la ruta que se seguiría para traducir sus resultados en acciones concretas específicas, en caso de que la participación alcanzara 40 por ciento de los listados nominales.
Del primer ejercicio se desprende que la autoridad electoral cumplió con eficacia operativa y técnica en la organización de la consulta, dado que se logró, como ocurre en las elecciones constitucionales normales, más de 99 por ciento de instalación de las mesas, solo siete no se instalaron, a la par que se solventaron con rapidez los incidentes ocurridos a lo largo de la jornada. Conforme a los datos dados a conocer por el INE, la participación de las y los electores está en alrededor de 7.1 por ciento, aproximadamente 6.6 millones de personas, de las cuales casi 98 por ciento se manifestó por el sí.
En un balance inicial podemos sostener que logísticamente fue una consulta exitosa con todas las garantías de legalidad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo, como ocurre con las elecciones que organizan el INE y los organismos electorales locales. En términos de participación es muy superior a lo que se había logrado en los ejercicios informales que se realizaron en el pasado pero muy baja frente al 40 por ciento que se requería para volver vinculantes sus resultados.
La consulta popular del domingo inaugura mecanismos de democracia directa, que no sustituyen a las elecciones normales para la renovación de los poderes públicos en las democracias representativas. La consulta, al igual que el plebiscito o el referéndum son instrumentos de participación en los que la ciudadanía se involucran directamente en la toma de decisiones, y complementan a la propia democracia. Si coincidimos en ello, es momento de reflexionar sobre los ajustes legales y logísticos que se deben realizar para convertirla en una herramienta más eficaz.
Se trata de lograr que se constituya más en una modalidad que permita escuchar la opinión y las preferencias de los y las ciudadanas y no en un campo para dirimir las diferencias entre los partidos y actores políticos, que si bien son consustanciales a la democracia misma, tienen otros ámbitos para su atención.