Casi 12 millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país, muchos de ellos que salieron en busca de mejores oportunidades para su desarrollo, han sostenido una lucha tenaz para generar mecanismos que les permitan ejercer sus derechos políticos a plenitud. Hoy envían más de 33 mil millones de dólares anuales para el sostenimiento de sus familias y es un hecho que no están desvinculados de los asuntos del país.
La batalla ha sido desigual. Varias ocasiones se pospuso la incorporación de cambios legales porque diversos actores políticos antepusieron el argumento de que el voto en el extranjero es oneroso e inviable ante la urgencia de atender otras prioridades nacionales. Fue hasta 2005 cuando se incorporó a la ley el derecho de los migrantes a elegir presidente de la república y en 2013-2014 el derecho a obtener la credencial de elector fuera del territorio nacional y la posibilidad de sufragar utilizando medios electrónicos.
El domingo 6 de junio, ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que se hayan inscrito en la lista nominal correspondiente podrán participar para elegir gobernador en 9 entidades federativas: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como una diputación migrante de la Ciudad de México y una de representación proporcional en Jalisco. Novedoso también es que los partidos postularon en sus listas de representación proporcional candidatos a diputados federales de representación migrante.
Conforme a cifras oficiales del INE, se inscribieron en los listados nominales de votantes desde el extranjero 32 mil 303 personas, distribuidas en 89 países, 54 por ciento mujeres y 46 por ciento hombres; la concentración porcentual más grande está en Estados Unidos con 76.8 por ciento, seguido de Canadá con 4.7 por ciento y España con 3.5 por ciento. Al elegir la modalidad para emitir el voto, 21 mil 585 personas, esto es, 66.82 por ciento optaron por la vía electrónica y 33.18 por ciento restante por la vía postal, lo cual significa que 10 mil 718 personas recibirán las boletas impresas en su domicilio del extranjero.
En mi opinión, el punto más destacable está en la modalidad de voto electrónico que el INE con un desarrollo propio pondrá a prueba por vez primera en la historia de nuestras elecciones y que mayoritariamente fue seleccionado por quienes elegirán desde el extranjero. Tendremos un precedente que abonará en favor del voto electrónico en el territorio nacional.
Si bien la respuesta de los migrantes para elegir desde el extranjero ahora con nuevas herramientas aún es incipiente, es claro que su derecho a participar políticamente está salvaguardado y que los esfuerzos institucionales empiezan a redituar resultados que deben potencializarse sin importar el lugar de residencia. El voto es universal y para que este principio sea una realidad es imprescindible que el Estado mexicano garantice a todas y todos su ejercicio, dentro o fuera del territorio nacional.
Incorporar a los migrantes a un esquema de mayor participación ciudadana es el reto central a resolver para integrarlos a una dinámica nacional que considere el fortalecimiento de su derecho a elegir en todos los cargos públicos federales y locales, no solo para algunos como está hoy en la ley, pero que también desarrolle fórmulas eficientes de inserción al mercado laboral nacional, a servicios básicos de salud, educación y seguridad, entre otros muchos aspectos. Urge que los partidos y los gobiernos dejen de verlos como un universo ciudadano que reditúa votos con efectos concretos en la distribución de espacios de poder. Fuera del discurso, el principio de igualdad exige resolver estas asignaturas.