Las calificaciones crediticias son opiniones estructuradas sobre la probabilidad de que un prestatario pague su deuda a tiempo y en su totalidad. Las agencias dedicadas a esta actividad expresan su juicio mediante una escala de calificaciones dividida en dos categorías: “grado de inversión”, cuyo riesgo crediticio va de bajo a moderado; y “basura”, con riesgo crediticio significativo. Además, suelen añadir una perspectiva, positiva, estable o negativa, según consideren que la nota podría mejorar, mantenerse o deteriorarse.
Para hacer frente a la Crisis del Tequila de 1995 y sus secuelas, México implementó cambios estructurales profundos, entre ellos la libre flotación cambiaria, la disciplina fiscal, el manejo prudente de la deuda pública, la acumulación de reservas internacionales, y la aplicación efectiva de la autonomía y el mandato prioritario del Banco de México.
Estas reformas propiciaron que, durante los primeros años del presente siglo, la calificación de la deuda soberana mejorara hasta alcanzar, en 2002, el nivel mínimo de grado de inversión por parte de las tres agencias calificadoras más importantes. La profundización de esos cambios condujo posteriormente a ascensos adicionales en la evaluación crediticia, hasta alcanzar máximos de BBB+ por S&P Global (S&P) y Fitch en 2013, y de A3 por Moody’s en 2014.
Sin embargo, en 2019 las calificaciones crediticias comenzaron a deteriorarse. Durante la administración pasada y la actual, las agencias han reducido la nota de México en seis ocasiones. Excepto por la valoración de S&P, que aún se ubica un nivel arriba, las de las otras dos empresas han regresado a los mínimos de 2002. Peor aún, el pasado 12 de mayo, S&P revisó la perspectiva a negativa, lo cual constituye una señal de que el siguiente movimiento probablemente será a la baja, por lo menos hasta el nivel de las otras dos agencias.
Los factores detrás de estas degradaciones han tendido a ser similares entre las calificadoras. Han destacado la carga y el riesgo fiscal derivados de los apoyos financieros a Pemex; el descenso permanente en el crecimiento promedio de la economía; los mayores déficits públicos, el menor espacio fiscal y el incremento de la carga de la deuda gubernamental; así como el deterioro del clima de negocios y la incertidumbre por la falta de predictibilidad de las políticas gubernamentales.
México ha mantenido el grado de inversión de las tres agencias durante aproximadamente 24 años. Gracias a ello, en este período ha podido gozar de las ventajas derivadas de esta distinción, como la ampliación de la base de inversionistas y la inclusión en los principales índices de bonos, los cuales generan una demanda automática por parte de los fondos pasivos.
Estas ventajas se han reflejado, entre otros aspectos, en la posibilidad de emitir deuda con diferenciales (spreads), respecto a los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos, más estrechos; en una menor volatilidad de los flujos de capital; y en mejores condiciones de financiamiento para las empresas, dado que la calificación soberana actúa como un techo para los emisores privados.
Obviamente, estas ventajas no han sido binarias y la evolución de la calificación ha marcado diferencias. Así, desde 2019 el costo de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) y, en especial, los spreads de los bonos se han ampliado en comparación con los de sus pares de grado de inversión más sólidos, como Uruguay, Chile y Perú.
Las calificaciones actuales de dos agencias y la perspectiva negativa de la tercera colocan a la deuda soberana en una situación comprometida, a un solo escalón de cruzar hacia la categoría de “inversión basura”.
Aunque no necesariamente implicaría una catástrofe financiera, la pérdida del grado de inversión conllevaría un daño estructural en la forma de un aumento duradero de los costos de endeudamiento del gobierno y del sector privado, así como una mayor vulnerabilidad ante las turbulencias financieras. En tales circunstancias, la recuperación del grado de inversión requeriría esfuerzos extraordinarios y convincentes orientados a un cambio de rumbo hacia el fortalecimiento sostenible de las finanzas públicas.
Aunque seguramente no son indiferentes ante la posibilidad de perder el grado de inversión, las administraciones gubernamentales de la 4T han privilegiado otras prioridades, como la concentración del poder, el aumento de las transferencias de efectivo, la meta de la soberanía energética y la canalización de recursos hacia obras gigantescas de escasa o nula rentabilidad. La agenda gubernamental ha resultado políticamente redituable, pero se ha alejado cada vez más de los aspectos que vigilan las agencias calificadoras y los mercados internacionales. De continuar esta tendencia, México tendrá que afrontar las consecuencias.