Razones y Proporciones

La lejana dolarización de Argentina

El uso del impuesto inflacionario para contener el déficit público representa un contrasentido al propósito de estabilizar mediante la dolarización.

Una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei de Argentina fue el combate de la inflación mediante la ‘dolarización’, es decir, la instauración del dólar como moneda de curso legal. Correctamente señaló, como principal causa inflacionaria, el financiamiento monetario de los persistentes déficits fiscales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo que propuso cerrarlo.

Inicialmente, el Presidente parece haber visualizado una dolarización formal, que incluiría, entre otros elementos, la definición de un tipo de cambio de conversión, la redocumentación de los pasivos y los activos financieros y los contratos en dólares, así como la trasformación del medio circulante a esta moneda extranjera, al estilo de la aplicada por Ecuador en 1999 y El Salvador, en 2001.

A lo largo de los primeros cinco meses de la nueva administración, el proyecto de dolarización parece haber adoptado un camino distinto. La semana pasada, Milei explicó que ésta surgiría de la convivencia del peso y el dólar, como monedas de curso legal, en la cual el BCRA mantendría fija la base monetaria, es decir el circulante y otros pasivos de este instituto central. Dada la preferencia por el dólar, el crecimiento económico haría cada vez más irrelevante al peso y predominante a la moneda extranjera.

Probablemente no exista otra nación que, sin contar con una dolarización legal, exhiba una mayor dolarización de hecho que Argentina. Salvo en períodos cortos, por casi un siglo, el gobierno ha aplicado controles de cambio con el afán, frustrado repetidamente, de poseer divisas para hacer frente a sus obligaciones externas en un ambiente de derroche fiscal. El sistema actual de controles, referido coloquialmente como ‘cepo’, incluye, además del tipo de cambio en el ‘mercado negro’, conocido como ‘blue’, cinco diferentes tipos de cambio regulados.

A pesar de estas restricciones, gran parte de los ahorros de los argentinos se encuentra en valores en el exterior y, de manera física, en las bóvedas bancarias y los hogares. Además, muchas transacciones se denominan y llevan a cabo, informalmente, en efectivo con esta moneda.

Es probable que el presidente Milei haya preferido la competencia de monedas, al considerar la insuficiencia de las reservas internacionales del BCRA para convertir el medio circulante y los pasivos remunerados de regulación monetaria. La base monetaria del BCRA ha crecido rápidamente como resultado de la monetización del déficit y la emisión para pagar los intereses de los pasivos remunerados.

La competencia entre las dos monedas supondría la eliminación del cepo cambiario, para cuya implementación, también la semana pasada, el ministro de economía, Luis Caputo, señaló la necesidad de alcanzar cuatro condiciones: un ancla fiscal, consistente en evitar los déficits públicos; la ‘normalización’ de los flujos de capital; la estabilización de los activos y pasivos del BCRA, y el mantenimiento de una ‘relación razonable’ entre las reservas internacionales y los pasivos remunerados del BCRA.

El ministro Caputo no abundó mucho en los detalles de estas condiciones, pero los datos disponibles sugieren que, mientras el costo social empieza a ser evidente en términos de la caída del Producto, el progreso en tales frentes ha sido limitado.

Entre los problemas, destaca la reciente aceleración de la inflación, la cual pasó de 160.9 por ciento en noviembre de 2023 a 289.4 por ciento en abril de 2024. La principal fuente inflacionaria no parece haber sido la emisión monetaria dado que, durante el primer cuatrimestre, el gobierno registró un superávit fiscal, sino el ajuste del tipo de cambio del BCRA, para reducir la brecha con el dólar blue, y de algunos precios controlados.

Sin embargo, el mejoramiento del balance fiscal resulta insostenible, porque se logró, en gran medida, mediante el rezago nominal de partidas clave de gasto, como pensiones y jubilaciones, y la interrupción de la obra pública. El uso del impuesto inflacionario para contener el déficit público representa un contrasentido al propósito de estabilizar mediante la dolarización.

El lento avance hacia la dolarización corre el peligro de que la idea pierda apoyo social. Esto sería lamentable, ya que por mucho tiempo, Argentina ha implementado múltiples planes de estabilización y, en el mejor de los casos, como con la Ley de Convertibilidad durante 1991-2001, el éxito ha sido transitorio. Sin excepción, han fallado la institucionalidad del esfuerzo y el respeto a las reglas, con lo que la elevada inflación se ha mantenido como una enfermedad endémica.

Existen otros medios para estabilizar y la dolarización no es una panacea y tiene costos. Sin embargo, en el caso de Argentina, ésta representa el último recurso para ofrecer un compromiso por la estabilización duradera que es difícil de abandonar.

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