Aun cuando la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica típicamente representan una proporción baja del PIB, la cual en México es inferior a 2.0 por ciento, no existe actividad económica moderna que pueda prescindir de ese insumo.
La electricidad es indispensable, además, para la aplicación de nuevas tecnologías que hacen más eficiente el esfuerzo laboral e impulsan el crecimiento económico potencial.
Finalmente, la energía eléctrica permite a los individuos disfrutar de una gran variedad de electrodomésticos o medios de transporte y comunicación, como automóviles, computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes.
A pesar de esa importancia, en México la actual administración ha buscado obstaculizar el avance de la gradual apertura de la participación privada en la industria eléctrica, poniendo en peligro el suministro y la calidad de la electricidad en el futuro.
Al parecer, la guía del gobierno ha sido la ‘nacionalización’ de la industria eléctrica de 1960, cuando se plasmó en la Constitución que correspondían “exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público.”
La liberación de esta restricción inició en 1992, al permitir la generación privada de electricidad para el autoabastecimiento, la venta a la CFE o la exportación, estableciendo legalmente que tales posibilidades no se consideraban “servicio público”.
La apertura más trascendente se realizó en la reforma de 2013, en la que se legitimó constitucionalmente la participación privada en la generación y comercialización de la electricidad en condiciones de “competencia y libre concurrencia”.
Entre los múltiples cambios derivados, destacó la creación de un mercado eléctrico mayorista (MEM) en el que los generadores ofrecen electricidad a suministradores y grandes usuarios, y son admitidos de acuerdo con su costo variable, de menor a mayor, hasta satisfacer la demanda.
El precio que se les paga es el del costo del último participante admitido, por lo que las centrales tienen el incentivo de producir electricidad al menor costo. En ello, llevan ventaja los procesos de energía limpia, cuyos costos variables suelen ser menores a los de tecnologías convencionales.
Se abrió también la posibilidad de subastas de contratos de cobertura eléctrica de largo plazo para los suministradores de servicios básicos, actualmente la CFE, por parte de generadores de energía limpia. Así, se llevaron a cabo tres subastas que aseguraron la disponibilidad de electricidad para horizontes largos, a bajo costo.
La actual administración ha buscado obstaculizar y cancelar este progreso, en tres vertientes. La primera se ha basado en medidas administrativas, como la cancelación de nuevas subastas de cobertura eléctrica y la suspensión de pruebas preoperativas de centrales eólicas y fotovoltaicas.
La segunda consistió en la iniciativa de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que aprobó el Congreso en marzo de 2021. Los cambios incluyeron la prioridad de admisión de las plantas de la CFE en el MEM, abarcando las más contaminantes; la asignación directa de contratos de entrega física en fecha y hora determinada, los cuales dejan fuera a las centrales de energías limpias, y la revisión y revocación de permisos de generación vigentes.
La tercera fue el proyecto de reforma constitucional, que buscaba profundizar y ampliar los cambios a la LIE. Se contemplaba el control del gobierno de todas las fases de la industria, un tope a la participación de los generadores privados, la cancelación de todos los permisos de generación y acuerdos de compra de electricidad, y la desaparición del MEM, entre muchos otros.
Como se sabe, el 7 de abril pasado la SCJN desestimó la acción de inconstitucionalidad de la LIE promovida por algunos senadores, al no alcanzar, por un voto, la mayoría calificada para la invalidez de esa ley. Ello no significa que la LIE se haya declarado constitucional. Además, continúan los procesos de amparo.
Diez días después, la propuesta de reforma constitucional no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que quedó descartada.
Es desafortunado que, en México, el debate sobre la participación privada en la industria eléctrica obedezca a razonamientos exclusivamente políticos, que se plasman en leyes variantes y acciones discrecionales, y relegue a un papel secundario los argumentos económicos.
El país necesita la revitalización de la inversión privada, pero el regreso al pasado pretendido por el gobierno provoca lo contrario, lo cual debilita aún más las perspectivas de crecimiento económico del país.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).