La lasitud del mercado de trabajo en México ha traído consigo un desplome en los niveles de bienestar y un agravamiento de los índices de pobreza.
La debilidad ocupacional ha tenido su raíz en la contracción económica, derivada principalmente de las medidas para enfrentar la pandemia por el Covid-19, la cual ha resultado la más profunda en casi un siglo. En esta precariedad ha influido también la virtual ausencia de programas gubernamentales dirigidos a preservar el empleo.
La gravedad de la situación laboral puede apreciarse, por lo menos, desde dos ópticas. La primera consiste en evaluar su daño en comparación con el de la Gran Crisis Financiera de 2008-2009.
En términos generales, todos los indicadores, ajustados por estacionalidad, revelan que el impacto reciente ha sido más severo que el ocurrido hace más de una década. Por ejemplo, durante el segundo trimestre de 2020, la población ocupada se contrajo más de 16 por ciento, mientras que, en ningún trimestre del episodio previo se observó una declinación notable.
De forma semejante, durante marzo-junio de 2020, los puestos de trabajo afiliados al IMSS cayeron casi 5 por ciento, en tanto que requirió casi un año, de agosto de 2008 a junio de 2009, para que éstos descendieran poco más de 4 por ciento.
La tasa de participación laboral es el porcentaje de la población con quince años o más que se encuentra ocupada o en búsqueda de empleo (referida como Población Económicamente Activa o PEA), respecto a la población total en ese intervalo de edad.
Durante marzo-mayo de 2020, esa proporción cayó más de 13 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 47.2 por ciento. En contraste, durante la crisis anterior, se mantuvo relativamente estable, en el promedio histórico de aproximadamente 60 por ciento.
La divergencia anterior revela que las disposiciones de aislamiento del año pasado condujeron al derrumbe no sólo del empleo sino de la búsqueda de nuevos trabajos, ante el cierre de muchas actividades económicas, lo que ocasionó una merma sustancial en el ingreso personal.
Finalmente, la tasa de desocupación, definida como el cociente de personas que no trabajan, pero buscan empleo, sobre la PEA, de marzo a junio de 2020 subió dos puntos porcentuales hasta alcanzar 5.3 por ciento. En cambio, tomó más de un año, de septiembre de 2008 a septiembre de 2009, para que este indicador aumentara poco más de dos puntos porcentuales, hasta situarse en 6 por ciento. La menor tasa de desocupación en el peor momento de la actual crisis refleja la caída de la participación laboral descrita.
La segunda óptica de evaluación es contrastar la situación presente con la prevaleciente antes del brote de la pandemia. A pesar de una mejoría incipiente, la información disponible revela que todas las mediciones se mantienen desfavorables.
Utilizando los mismos indicadores, en el primer trimestre de 2021 la población ocupada se ubicó casi 5 por ciento por debajo de igual lapso del año pasado. Y en abril último, los puestos de trabajo inscritos en el IMSS fueron 2.6 por ciento inferiores a los de febrero de 2020.
Asimismo, en abril reciente, la tasa de participación laboral se ubicó en 59.0 por ciento, un punto y medio porcentual por debajo de la anterior a la pandemia, mientras que la tasa de desocupación ascendió a 4.7 por ciento, un punto porcentual por arriba de la mencionada referencia.
El deterioro por más de un año en el mercado laboral representa una presión significativa sobre las percepciones de las familias, al involucrar no sólo una pérdida neta de puestos de trabajo, sino, además, la ausencia de nuevas posiciones asociadas al desarrollo de la economía. Estas últimas resultan imprescindibles para absorber el incremento natural de la población en edad de trabajar.
Por desgracia, en lugar de aplicar una política económica que permitiera amortiguar la recesión y, en particular, su efecto sobre el empleo, el gobierno ha introducido medidas que complican la recuperación del mercado laboral.
En concreto, en abril pasado, se aprobaron modificaciones legales para prohibir la subcontratación de personal, salvo para servicios y obras ‘especializadas’, con nuevos requisitos y responsabilidades, así como graves sanciones en caso de incumplimiento.
Las nuevas restricciones elevan el costo operativo de los negocios al requerir los conocimientos suficientes para el manejo de personal, en observancia de la complicada legislación laboral, lo cual es especialmente oneroso para las pequeñas y medianas empresas.
Una obligación central del gobierno es permitir que los ciudadanos ejerzan su libertad para crear empresas y generar empleo. Un paso mínimo en esa dirección debería ser no dificultar el emprendimiento.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).