Razones y Proporciones

La preferencia por la ‘austeridad’ fiscal

En la pretendida ‘austeridad’ fiscal se esconden desperdicios de recursos públicos y la presencia deficiente del gobierno en funciones que le son propias.

Durante el primer trimestre de 2021, las finanzas públicas continuaron mostrando la inclinación de la actual administración por obtener un ahorro fiscal contable, independientemente de las condiciones de la economía.

Así, por ejemplo, durante 2020, la caída de los ingresos del sector público se enfrentó con un estancamiento de las erogaciones, lo cual resultó en un superávit primario, definido como el exceso de ingreso sobre gasto sin considerar el costo financiero de la deuda.

Si bien tanto los ingresos y el gasto como el balance público fueron inferiores al presupuesto, la obtención de un superávit primario significó una postura fiscal restrictiva.

Además, al ocurrir en medio de una profunda recesión, esta política resultó ‘procíclica’, es decir, una que amplifica los ciclos económicos, exacerbando las caídas y los aumentos del PIB, en contraposición de una ‘contracíclica’, que persigue atenuarlos.

De forma semejante, durante los tres primeros meses del presente año el gobierno buscó obtener un ahorro. Específicamente, el balance primario fue superavitario, a pesar de que se había proyectado un déficit. La diferencia entre ambas magnitudes fue significativa.

En contraste con el año pasado, el superávit primario no se derivó de montos inferiores a los presupuestados, sino de ingresos que superaron su referencia más de lo que lo hizo el gasto.

Por una parte, los ingresos rebasaron en más de cinco por ciento el programa. En su mayoría, el excedente se derivó de los ingresos no petroleros del gobierno federal, en especial los no tributarios, los cuales se fortalecieron con el uso de activos financieros. Si bien estas últimas fuentes representaron una desinversión, contribuyeron a la disponibilidad de recursos para los desembolsos.

Los ingresos tributarios sobrepasaron también a los proyectados, al parecer, como resultado de una mayor ‘eficiencia’ recaudatoria, lo cual, si fue el caso, convirtió tal logro en una restricción para la recuperación.

Una vez más, los ingresos petroleros resultaron inferiores al programa, a pesar de que el precio del petróleo se ubicó por arriba del presupuestado. La razón de fondo del faltante fue la sobrestimación de la plataforma de producción de crudo, la cual prolongó su tendencia declinante iniciada en 2005.

Por otra parte, el gasto primario, o sea, el que excluye el costo financiero, rebasó el programado en poco menos de uno por ciento.

La principal contribución a este exceso provino de un ‘adelanto’ de los subsidios, trasferencias y aportaciones, justificado expresamente por la SHCP en términos del calendario electoral, así como de un mayor gasto de la CFE, derivado del incremento en el costo de los combustibles para generar electricidad, como resultado de las temperaturas inusualmente bajas en el sur de Estados Unidos.

La ampliación de esas erogaciones, dentro de una contención global del gasto, no obedeció a la eficiencia social sino a las prioridades políticas de la presente administración, incluyendo el papel preponderante de las empresas estatales y la intervención del gobierno en la economía.

De acuerdo con la clasificación funcional, el sobrante del gasto ocurrió sólo en la categoría de Desarrollo Económico, fundamentalmente en el rubro de Combustibles y Energía, mientras que se observó un subejercicio en las funciones de Gobierno y Desarrollo Social.

En esta última categoría, llama la atención que, en plena pandemia, el gasto en salud se haya ubicado por debajo del programa y que, además, haya descendido en términos reales respecto a igual trimestre de 2020, cuando apenas iniciaba el problema sanitario.

Las erogaciones en educación registraron igualmente un subejercicio, a pesar de que la población, señaladamente la de ingresos bajos, haya requerido apoyos extraordinarios para tener acceso a la educación a distancia y evitar la deserción, en un contexto de escuelas cerradas.

El hecho de que, durante el primer trimestre de 2021, la suma del gasto en salud y educación haya sido inferior al canalizado a combustibles y energía confirma el alejamiento gubernamental de las tareas de apoyo social, a favor de menesteres propios del sector privado. Por desgracia, las modificaciones legales recientes profundizan esta distorsión, al amenazar la participación de los particulares en el sector energético.

En la pretendida ‘austeridad’ fiscal se esconden desperdicios de recursos públicos y la presencia deficiente del gobierno en funciones que le son propias, a favor del desplazamiento de los particulares en labores empresariales. Esta usurpación de papeles representa un escollo para el desarrollo económico del país.

El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).

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