Cada año resurge el debate público sobre la necesidad de una reforma fiscal en México. Con variantes en su composición, que dependen de las preferencias de sus proponentes, tal reforma es entendida como un conjunto de medidas orientadas a extraer más impuestos de la sociedad.
La justificación de una reforma fiscal suele invocarse a la luz de la restricción presupuestal del gobierno federal, tomando el gasto público como un punto de partida virtualmente irrefutable. Los argumentos más utilizados incluyen, entre otros, que las necesidades del Estado son elevadas, las presiones de gasto van en aumento y gran parte de las erogaciones está comprometida, por lo que el gobierno necesita más “espacio fiscal”, es decir, un mayor margen de maniobra que le permita gastar más para atender requerimientos crecientes o enfrentar choques externos.
El enfoque presupuestal de mediano plazo se completa con el reconocimiento de que la trayectoria de la deuda pública, como porcentaje del PIB, ha ido en ascenso durante varios años y debe contenerse para fortalecer la percepción de su sostenibilidad. Así, ante la certeza del gasto, la reforma fiscal se invoca como el medio para evitar un mayor deterioro de la calificación crediticia.
Las argumentaciones anteriores ignoran un hecho fundamental: el gasto público no proviene de factores extraños al gobierno, sino que es producto de sus propias decisiones. Como debe financiarse con impuestos presentes o futuros, legislados o no legislados, que desplazan usos alternativos, su monto representa la verdadera carga fiscal para la sociedad.
De ahí que, en lugar de tomar el gasto público como un dato irrefutable, el análisis sobre la conveniencia de una reforma fiscal debería rebasar el enfoque meramente contable e iniciar con una evaluación económica que determine en qué instancias el beneficio social supera el costo social de su financiamiento.
En múltiples casos, el gobierno federal incurre en gastos cuya justificación ofrecida es totalmente política y cuyo beneficio social es, por decir lo menos, cuestionable. A manera de ilustración, destacan los siguientes casos:
El pasivo laboral, los subsidios y la estructura de Pemex y CFE. Esto incluye, entre otros, las capitalizaciones directas del gobierno federal para pagar los compromisos financieros de Pemex, las plazas “aviadoras” y redundantes, los generosos contratos colectivos con jubilaciones tempranas y bonos simulados, y las pérdidas crónicas de la división de refinación.
Programas sociales impulsados desde 2019, con beneficiarios fantasma y registros duplicados, apoyos a la población que no se encuentra en pobreza extrema, desincentivos al trabajo y una amplia burocracia aglutinada como “Servidores de la Nación” para la promoción electoral.
Operación deficitaria de las obras insignia de inversión pública que, sin lograr los objetivos planteados, como la autosuficiencia energética y el desarrollo económico del sureste del país, requiere subsidios continuos, incluyendo la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA y Mexicana de Aviación, entre muchas otras.
Asignaciones directas de contratos de compra del gobierno federal que, al no enfrentar licitaciones ni ser transparentes, propician el sobreprecio y la complicidad de los funcionarios públicos en la corrupción.
Gasto de la clase política, que abarca uno de los esquemas de financiamiento a partidos políticos más caros del mundo, la publicidad del gobierno, y oficinas estatales de representación de las secretarías federales que duplican las funciones de los gobiernos locales, entre otros.
Estos y otros casos de gasto público difícilmente se justifican desde el punto de vista del beneficio social, por lo que deberían eliminarse o, al menos, detenerse en su expansión. Tales acciones aportarían una legitimidad preliminar al debate sobre la reforma fiscal.
En lugar de partir de la irrefutabilidad de cualquier gasto público, la discusión sobre una reforma fiscal debería enfocarse en qué erogaciones necesita México para elevar el bienestar de la población. No existe evidencia histórica de que, aumentando la recaudación, el gobierno utilice los recursos marginales de una manera más eficiente desde el punto de vista social o económico.
Por ello, cualquier reforma fiscal debería contener candados suficientes para que, en el futuro, cualquier gasto adicional pueda justificarse de acuerdo con un análisis de beneficio social neto. Es natural esperar que un análisis de esta naturaleza otorgue la máxima prioridad a las funciones inalienables del Estado, como son la seguridad pública, el respeto al Estado de derecho y la impartición expedita e imparcial de la justicia.