Algunos comentaristas sostienen la conveniencia de relajar la política monetaria en México con el afán de impulsar el aumento del PIB, aun si ello implicara una mayor inflación.
Tales opiniones parecen inspirarse en la actuación de los bancos centrales de los países desarrollados, que por varios años han adoptado posturas monetarias inusitadamente acomodaticias para, entre otros fines, apoyar la actividad económica.
Este ánimo de imitación pasa por alto el hecho de que esos institutos centrales aplican políticas monetarias muy expansivas, gracias a que han logrado consolidar, por largo tiempo, el crecimiento de los precios y sus expectativas alrededor del objetivo comprometido.
En otras palabras, independientemente del grado de éxito del estímulo perseguido, en esas jurisdicciones, la estabilidad de los precios ha sido una condición necesaria para el activismo monetario. El firme anclaje de las expectativas refleja la confianza del público de que la autoridad monetaria respondería de forma oportuna y efectiva a cualquier riesgo de descontrol de la inflación.
Este condicionamiento práctico por parte de los bancos centrales parece reconocer la evidencia empírica internacional de que, una vez considerados otros factores, una mayor inflación genera un menor dinamismo de largo plazo de la economía. Así, aceptar más inflación corre el riesgo de descarrilar el proceso de formación de precios, con impactos nocivos sobre el ingreso y el bienestar de la población.
Un daño social notable, al parecer poco apreciado por quienes impulsan la complacencia inflacionaria, es el efecto sobre los pobres. Específicamente, diversos estudios estadísticos han confirmado, a nivel mundial, que la mayor inflación agrava los indicadores de indigencia.
Los canales de transmisión pueden ser varios. Tal vez el más claro sea el que opera sobre los ingresos y los ahorros de los pobres. La inflación deteriora el poder adquisitivo del dinero, por lo que actúa como un gravamen sobre los saldos monetarios. Las familias pobres mantienen una proporción elevada de sus recursos en la forma de efectivo, entre otras razones, porque su acceso al sistema financiero es limitado, lo cual, a su vez, les impide utilizar instrumentos de protección contra la inflación.
Una segunda vertiente se asocia con los gastos. Los análisis para algunos países revelan que, con la inflación, los bienes y servicios consumidos por la población de menores ingresos tienden a aumentar su costo más significativamente que los de la población de ingresos altos. Ello puede deberse a factores diversos, siendo uno de ellos la mayor facilidad de actualizar los precios.
Un tercer conducto opera sobre el mercado laboral. La inflación produce incertidumbre y distorsiones de precios que pueden inhibir la inversión, haciendo menos productiva la mano de obra. De esta manera, se debilita el crecimiento de los salarios reales y el empleo, lo cual afecta más severamente al trabajo no calificado.
Los canales anteriores ilustran por qué la inflación se considera un impuesto “cruel”, altamente regresivo, que recae desproporcionadamente sobre los pobres.
México ha experimentado los efectos adversos de la inflación sobre la pobreza. En una comparación de las crisis de 1995 y 2008-2009, ambas con una contracción importante del PIB, el Banco de México ha documentado que la proporción de la población con ingresos laborales inferiores a la Línea de Pobreza Extrema, definida por el Coneval, se incrementó señaladamente más durante el primer episodio porque la inflación fue más aguda que en el segundo.
La evolución reciente de la inflación no descarta el daño social. El INEGI calcula índices de precios para cuatro estratos de gasto, con base en el número de veces del salario mínimo de 2018, como variable aproximada del ingreso.
Con la información disponible de agosto de 2019 a marzo de 2021, la variación anual promedio de los diferentes índices es la siguiente: 3.4 por ciento para el INPC, que contrasta con 4.5, 4.1, 3.6 y 3.0 por ciento para los estratos de hasta uno, entre uno y tres, entre tres y seis, y más de seis salarios mínimos, respectivamente.
Si bien se refieren a un período corto, los datos anteriores revelan una relación inversa entre la inflación y los niveles de ingreso de los consumidores. En otras palabras, entre más pobre es la persona más elevada ha sido la inflación que enfrenta.
Los argumentos anteriores deberían contribuir a atenuar el entusiasmo por tolerar más inflación, aun con la intención loable de apoyar la economía. El activismo monetario, sin consolidar el crecimiento de los precios y sus expectativas en la meta, con facilidad tiende a volverse insostenible y puede causar un daño excesivo a los más pobres.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)