Las noticias que vinculan a figuras de la alta política mexicana con narcotraficantes y otros criminales organizados no son nuevas. A la mejor, los mexicanos ya nos acostumbramos a vivir con este tipo de noticias, y hemos perdido sensibilidad ante la gravedad de las mismas. Pero, con las noticias recientes, donde los Estados Unidos piden la extradición del gobernador de Sinaloa, y de otros ocho políticos de alto nivel en funciones de gobierno, vale la pena preguntarse: ¿Qué cambió? Y por otro lado, también estaría bien hacer la pregunta: ¿Cómo lidian con estos problemas en otros países?
Lo que cambió: cambiaron cosas en Washington. Tenemos un presidente de los Estados Unidos significativamente más proactivo en materia de política exterior y crimen trasnacional que sus predecesores. Pero, también cambiaron cosas en México. Es posible que la clase política mexicana se haya descarado con las actividades ilícitas. La percepción pública es terrible. Muchos mexicanos, si no la mayoría, sentimos que la protección que el Estado brinda, desde las esferas más altas, a criminales organizados, está en niveles que no hemos visto nunca antes.
El libro del investigador británico Benjamin Smith, del 2021, llamado “The Dope” (La Droga), revela que los gobiernos del Noroeste de México se fundaron y consolidaron en sus territorios, lugares relativamente pobres y aislados, gracias a las mafias criminales productoras de drogas. Primero con la marihuana, y luego con el opio, estos gobiernos lograron subsistir a inicios del siglo XX gracias a que podían cobrar una renta a los criminales, y no tenían que gravar fiscalmente a una población relativamente pobre y territorialmente dispersa.
En este sentido, el cambio tecnológico en el mercado de las drogas, que apunta a una mayor presencia de drogas sintéticas, como las metanfetaminas y al menos desde hace un siglo, el fentanilo, afectó seriamente la relación de los gobiernos locales con los criminales, al menos desde hace un lustro. Para las mafias, y los gobiernos, el no participar en el mercado de drogas sintéticas probablemente se sentía como una negación de una oportunidad para el desarrollo.
Sin embargo, ¿realmente las economías de Estados como Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango, o Baja California dependen del tráfico de drogas? Por supuesto que la respuesta es que no, y sería ofensivo para la gente de esos estados que dijéramos lo contrario. Por supuesto, una minoría de empresarios y sus organizaciones, con una tendencia hacia la violencia por la propia naturaleza de sus operaciones, tienen una influencia desmedida en los gobiernos de esas regiones. Pero, eso no quiere decir que la economìa del Noroeste de México dependa del tráfico de drogas.
Sí es cierto que los criminales organizados pegan por encima de su peso en términos de influencia pública, dado que la capacidad de capturar gobiernos es clave para que puedan continuar con su operación. No hay manera que los economistas estimemos de qué tamaño es realmente esta economía, dado que no hay datos fidedignos. Sin embargo, su capacidad para corromper y capturar gobiernos es manifiesta y creciente.
El documento que circuló del gobierno de los Estados Unidos donde se detallaba por qué están pidiendo a Rocha Moya y a otros políticos sinaloenses habla de sucesos de los que supimos en la más reciente elección para gobernador: que el crimen organizado influyó radicalmente en el resultado de las elecciones. Eso ha permitido al gobierno americano construir una narrativa en donde el crimen organizado decide quienes son los integrantes de al menos un gobierno subnacional mexicano, en una entidad donde la producción y el trasiego de narcóticos es público y notorio.
Los suecos tienen una mafia súper canija. Los japoneses tienen a la Yakuza. En Estados Unidos también hay todo tipo de mafias que salen de las cárceles. De hecho las exportan. Los criminales que asolaban El Salvador, que hoy están en las cárceles de ese país junto con un montón de tipos tatuados que ni la debían ni la temían, son producto de MS-13 y otras mafias centroamericanas gestadas en grandes ciudades de ese país como Los Ángeles.
La solución del mundo avanzado para esos criminales es castigarlos. No permitirles muchos crímenes, especialmente los más depredadores y violentos contra la sociedad. La filosofía de Gary Becker es que el único remedio posible para los criminales es elevar la probabilidad de castigo y de reducción de las utilidades criminales.