En estos días, el presidente de nuestra República movió en el Poder Legislativo una iniciativa de ley que le permite controlar los nombres de las personas nombradas para ser consejeros electorales. De aprobarse, y bajo un disfraz de democracia directa para elegir árbitros, el plan B hace que el presidente tome control del INE y le quite a los ciudadanos el derecho conquistado de organizar las elecciones, y que ha permitido que haya elecciones limpias en México en los últimos 30 años. Por supuesto, esta narrativa nunca ha sido del agrado del obradorismo, cuyos fieles rezan el credo de los dos fraudes electorales en 2006 y 2012.
El Estado mexicano, igual que Estados Unidos y otras democracias nacidas entre el final del S. XVIII y los inicios del XIX, dan un peso alto al Poder Ejecutivo, en sustitución de la monarquía. La democracia de los griegos no era más que una aspiración, una curiosidad intelectual. Los intentos de parlamentarismo inglés, y la revolución francesa, apuntaban más en la dirección del caos que del orden constitucional.
Por ello, en México el Poder Ejecutivo tiene un poder más grande que los demás. De hecho, hay varios funcionarios en la administración pública a nivel federal que no son electos por el voto popular, y que tienen un poder que ya quisiera un ciudadano para minutos de un fin de semana. Uno de esos funcionarios es el secretario de Hacienda. El titular de SHCP es un creador y dador de vida, un otorgante y confiscador de riqueza, una fuerza de la burocracia.
No fue el caso del secretario Urzúa. Como titular de la Hacienda Pública de AMLO, tuvo la oportunidad de decir algo en temas como los programas clientelares, o las estancias infantiles, o la centralización en la compra de medicamentos, o la cancelación del aeropuerto NAIM en Texcoco. En todas ellas estuvo de acuerdo con el jefe, e incluso operó inmediatamente para que las consecuencias financieras y políticas no cayeran ipso facto sobre la administración que jura que nos está transformando a lo grande por cuarta vez en la historia nacional.
AMLO dijo falacias al respecto de la cancelación del NAIM, la peor decisión de política económica y de infraestructura que ha tomado México. Dijo que había especulación de políticos opositores alrededor de terrenos circundantes a la obra. Seguramente era cierto. Pero, también es una obra que ya estaba financiada, pagada, y cuyos beneficios eran evidentes y claros. La corrupción alrededor del NAIM jamás se demostró.
El exsecretario dijo que los costos de cancelación estaban sobreestimados. Ahora dice lo contrario. Le siguió la corriente al jefe. Ahora quiere convencernos de que fue un observador de ese proceso. No es por hacerle al Ministerio Público, pero fue protagonista.
En ese 2019, Urzúa se movió rápido en el proceso de liquidación de bonos. Los materiales y contratos de construcción se llevaron a la base militar de Santa Lucía, y se desmanteló e inundó la obra en proceso. No se descongestionó el AICM, que sigue en condiciones críticas de operación, y nos entregaron un aeropuerto con pocas puertas de embarque, equiparable a los aeropuertos locales de ciudades como Puebla, Toluca, Querétaro y León, a donde las aerolíneas privadas no quieren ir. Es insuficiente para reducir la congestión y el riesgo que representa el AICM.
Me encanta que periodistas como Genaro Lozano estén cómodos en sus viajes y que sean felices en el AIFA. Dudo que Lozano haya hecho los cálculos de lo que le costó realmente el latte con leche de avena que compró en el Starbucks de ahí. Pagamos por un aeropuerto chico, el precio equivalente a 3.3 aeropuertos NAIM. Entiendo el papel de Lozano como apologista. Ama a AMLO. Es periodista, y en este oficio debemos decir lo que pensamos. Pero del Doctor Urzúa, es inexcusable que esté en el proceso de lavarse las manos. Urzúa habilitó y auxilió a AMLO en la peor decisión de política económica en México en 30 años. Tenía que haber renunciado en el acto. Sus argumentos, difundidos a través de la cadena Latinus, son completamente extemporáneos e injustificados.
El tema saltó ahora que el gran jefe quiere que haya cabotaje aéreo internacional. No es mala idea. Pero también es la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre. ¿Dónde van a despegar esos aviones? ¿Verdad que se necesita más competencia también en los servicios de tierra, monopolizados por el Estado?
Los economistas, como otros técnicos, tenemos que aprender a decirle que no a los poderosos. Los caprichos políticos y manotazos no son compatibles con el desarrollo.
Toda la solidaridad con Ciro.