Bloomberg produjo una nota el 30 de agosto pasado, firmada por María Elena Vizcaíno y Carolina Wilson, que dice que la actitud cuentachiles (penny-pinching) del presidente de México está pagando muy bien en los mercados internacionales de deuda. “El presidente no gastó nada durante la pandemia y ello hizo que muchos de sus connacionales se hundieran en una pobreza aún peor”, decía, en traducción libre del que firma, la nota de las dos periodistas. La semana pasada, el gobierno emitió papel de deuda mexicana en Japón por 75.6 billones de yenes (553 millones de dólares), y la demanda por esa emisión fue muy robusta. La tasa promedio que prometen los bonos mexicanos es 7.6 por ciento, menos que la tasa promedio de los mercados emergentes (8.2 por ciento), dice la nota, citando datos de JPMorgan Chase.
Tuve la oportunidad de comentar el tema con economistas que han estado en posiciones de manejo de deuda, pública y privada, de esa magnitud. Una de las explicaciones es que México es la casa bonita en un vecindario que se ha vuelto feo, o somos la casa regular en un vecindario que siempre ha sido terrible, pero que los inversionistas favorecen porque está al sur de Estados Unidos, y porque no es África subsahariana. La diversificación geográfica de portafolios hace que las tesorerías compren papel de naciones latinoamericanas. Toda Latinoamérica se ha puesto horrible en términos de su calidad crediticia, con la excepción de México.
Hay dos fenómenos juntos. Uno es la subida de tasas de la Fed (y de Banxico). El “vuelo hacia la seguridad” de los capitales está haciendo que inversiones que estaban quién sabe dónde, allende los mares, regresen a Norteamérica. El peso, y la economía mexicana, son un apéndice de la de Estados Unidos (en términos gruesos, nuestro PIB se parece al de Florida, ya se ha dicho aquí). Eso ha apreciado al peso. Con tantas divisas entrando en Norteamérica y en México, de vuelta, los inversionistas tienen confianza en que no habrá una crisis de balanza de pagos en México. Por eso nos están llegando capitales en retorno, que hacen que nos veamos mejor de lo que estamos.
Los mercados son miopes, son cortoplacistas. Observan el “estado de resultados” del gobierno mexicano, que no se ve tan mal porque ha encontrado ingresos en muchas partes, y no ha gastado tanto.
Si el mercado fuera menos miope, observaría el “balance general” de la nación mexicana, que nos da cuenta del valor de los activos gubernamentales, las deudas, y el patrimonio neto de nuestro Estado. Ese balance no se hace público. Hay algunos informes que hacen terceros, como el “Changing Wealth of Nations” del Banco Mundial. Habrá que revisar el desempeño del valor de la riqueza del Estado mexicano, en el tiempo. El reporte citado tiene datos desde 1995 hasta el 2018. Ahí para otro artículo semanal.
Ese “balance general” nos diría que la fuente de financiamiento de los ingresos sólidos del Estado mexicano no solamente ha sido una fortalecida recaudación y un gasto público menguante. También se han liquidado activos construidos a lo largo de décadas (como el fondo de gastos catastróficos en salud), que han permitido al gobierno de López Obrador financiar obras de dudoso valor agregado (como el AIFA y Dos Bocas), cancelar obras que sí agregaban valor (como el NAIM), desmantelar y deteriorar la calidad de servicios de salud y educación que prestaba el Estado. También, otorgar dádivas en efectivo a su base votante.
Por eso la economía mexicana no está creciendo en esta administración. Por eso los prospectos futuros del país no son nada halagüeños. Sin embargo, los mercados de deuda nos siguen aventando recursos. Mientras tengan estrategia de salida, a los fondos de inversión en deuda les da igual si la hoja de balance del sector público mexicano se está deteriorando. Mientras el operador tenga su comisión, y haya a quien venderle ese papel cuando la situación empeore, no hay ningún problema.
Definitivamente, esto es producto de la vagancia de los mercados, no de una estrategia desplegada cuidadosamente desde Palacio Nacional. Si hubiera sido así, Carlos Urzúa estaría todavía al frente de SHCP, y no autoexculpándose de las malas decisiones de su expatrón.
La realidad es que este gobierno costará entre una y dos décadas de reconstrucción de la hoja de balance del país, para regresar al menos a las tasas de crecimiento previas: alrededor de 2.5 por ciento. Todo ello, sin mencionar la destrucción institucional de este gobierno, el fracaso en la seguridad pública, y la militarización, entre otras joyas sexenales. Al tiempo.