Ayer el Centro para América Latina de la Red Atlas presentó el Índice de Burocracia en América Latina. El índice mide el tiempo que tienen que invertir las empresas en sectores representativos de seis economías –Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Venezuela– en lidiar con los requerimientos de la burocracia. La iniciativa la lideró la doctora Sara Levy, investigadora senior de la organización venezolana Cedice Libertad. Los datos y el ensayo sobre México lo realizó Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, centro de pensamiento que lidera la doctora Edna Jaime. El proyecto se inspiró en el trabajo del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Eslovaquia. Curiosamente, las naciones de Europa del este, donde el yugo de control estatal de los medios de producción era más pesado, son con frecuencia un ejemplo de la necesidad de medir el peso que la burocracia tiene en la actividad productiva. Lo que no se mide no solamente no se controla; como dice Juan Pardinas, lo que no se mide a nadie le importa.
Para sorpresa de esta columna y su autor, la burocracia menos onerosa para sus empresarios es la brasileña. En el país carioca las horas promedio destinadas a trámites, ponderando por el tamaño de cada sector en la economía, es de solamente 114.5, mientras en México son 491.9, en Argentina 808.5 y en Venezuela 1043.3. Este número hay que ponerlo en contexto. Una persona que trabaja jornadas de 8.5 horas diarias, cinco días a la semana, 51 semanas al año, trabaja un total de 2 mil 167.5 horas. Una empresa en Venezuela tiene que dedicarle en promedio 48 por ciento del tiempo anual de un empleado de tiempo completo con ese esquema horario para cumplir con los requerimientos del gobierno.
Las analistas evaluaron las horas no solamente con base en reportes de las grandes firmas contables sobre el tiempo necesario para cumplir con los requerimientos gubernamentales. También realizaron entrevistas a empresas representativas de cada ramo empresarial para darse una mejor idea de las cargas regulatorias que tienen que enfrentar. En el caso mexicano, una empresa del sector primario, en específico de la ganadería, se enfrenta 544 horas de cumplimiento regulatorio, 52.1 horas más que el promedio nacional. En Brasil, España, Argentina y Venezuela, la carga burocrática es más severa con las manufacturas, mientras que en Colombia el sector servicios es el que se enfrenta a una mayor carga burocrática (567.7 horas por año).
Los gobiernos de América Latina y del mundo tienen que convertirse en una gran plataforma de colaboración cívica y empresarial. El enfoque restrictivo, controlador y punitivo del Estado es algo del pasado. Brad Lips, el director general de Atlas Network, lo resume en una cita de Montesquieu: “Las regulaciones innecesarias hacen que el Estado se olvide de las regulaciones indispensables”. Un Estado preocupado por ahondar en la regulación empresarial, con la esperanza de extraer mayores rentas fiscales del sector productivo, acaba convirtiéndose en un Estado que queda a deber en otros aspectos, como la protección de la vida y la propiedad de las personas. Dado que el progreso humano ocurre cuando la gente colabora y participa en los mercados, el exceso de regulación estatal es un grave obstáculo a la prosperidad de las personas y de los países.
En el caso latinoamericano, pero con especial dificultad en el caso de México, los excesos de regulación empresarial ocasionan laxitud en el cumplimiento de normas básicas de convivencia y son una parte importante de la prevalencia en la región de los mercados informales. Con toda certeza, una vez que el Estado concentra demasiado esfuerzo en regular al empresario de la economía lícita, esto resulta también en proliferación de actividades ilegales.
Un punto importante destacado en el ensayo de Ana Lilia Moreno es que en México muchos trámites pueden realizarse mediante internet. Esta debería ser la tendencia en todos los trámites, a nivel municipal, estatal y nacional. Un hallazgo importante de Ana Lilia es que la federación retrocedió en sus procesos de simplificación y reducción de trámites, mientras que el proceso arrancado en las dos décadas pasadas en estados y municipios se ha consolidado.
El gobierno no produce nada, excepto seguridad jurídica y otros bienes públicos. Cuando los gobiernos no logran ese objetivo, es momento de repensar su estructura y reformarlos. Un gobierno fallido es el antecedente de un Estado fallido. América Latina tiene que rediseñar sus gobiernos, antes de que sean demasiado onerosos para las sociedades que los sostienen.
Las opiniones son responsabilidad del autor, y no representan el punto de vista de ninguna de las personas e instituciones mencionadas.